Observatorio pide a Asamblea suspender prórroga del régimen de excepción y denuncia violaciones a derechos

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) recomendó hoy a la Asamblea Legislativa que derogue el decreto legislativo que prorroga el régimen de excepción y restablezca los derechos constitucionales que están suspendidos bajo dicha medida. En su informe "El estado de los derechos humanos en El Salvador” presentado hoy por el Observatorio sostuvo que en El Salvador hubo "una violación sistemática de derechos fundamentales” durante 2023. Sostiene que se ha anulado el derecho al acceso a la justicia y las garantías procesales, un "aumento desproporcionado de las penas”, mecanismos de control prácticamente nulos –se han admitido cuatro de 3,000 solicitudes de habeas corpus o recursos de exhibición personal. Pese a que señala un subregistro en las cifras de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), reporta denuncias en esta institución de 903 víctimas de violaciones a derechos humanos, 11 % menos que las 1,023 registradas un año antes. De estas, fueron 373 víctimas de supuestas violaciones al derecho a la integridad, el segundo más vulnerado después del derecho de la libertad según la PDDH. Con información policial, el Observatorio también logró determinar que hubo 121 expedientes de la Unidad Disciplinaria de la Policía Nacional Civil por supuestas violaciones a la integridad de las personas de enero a septiembre de 2023 pero la información fue reservada en octubre. Así mismo, destaca un aumento de la letalidad policial, por la muerte de 34 personas particulares en enfrentamientos, 26 % más que en 2022, cuando ocurrieron 27, según el monitoreo de la cuenta de la PNC en X. "El índice de letalidad nos da 3.78, es decir, por cada persona particular lesionada hubo 3.74 personas fallecidas en estos enfrentamientos. Esto es un aumento considerable respecto al 1.61”, afirmó Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH. El informe indica que El Salvador sigue teniendo la tasa más alta de privados de libertad, un total de 104,747 personas privadas de libertad, 1,652.45 por cada 100,000 habitantes, un 2.01 % del total de la población adulta de El Salvador y un hacinamiento carcelario en las prisiones fuera del CECOT de 298.79 %. A ello suma las muertes bajo custodia estatal, un total de 116 reportadas por el Socorro Jurídico Humanitario, 26 supuestas ejecuciones extrajudiciales reportadas a la PDDH y el archivo de la Fiscalía de las investigaciones sobre 142 muertes bajo custodia estatal.