Perito señala que gestión Funes pagó proveedores, pero no constan contratos

Un perito propuesto por la Fiscalía General de la República que realizó una examen financiero tributario declaró ayer en el juicio de "Saqueo Público” que la presidencia de Mauricio Funes pagó $3.1 millones a proveedores de alimentación de la cuenta de gastos reservados, pero que no constan los contratos sobre los servicios que prestaron. El perito afirmó que los pagos se realizaban de cuentas a nombres del exgerente Financiero Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga y del Pablo Gómez, el asistente técnico financiero de Casa Presidencial, por medio de cheques de gerencia. "Ambas cuentas del Banco Hipotecario hacen un total de $3,178, 550.08.”, aseguró el perito que se erogaron en concepto de servicios de alimentación, decoración, arrendamientos de locales y otros bienes. La defensa de los implicados en "Saqueo Público” cuestionó si la pericia demostró la existencia de los cheques de gerencia, pero respondió: "No pudimos verificar la existencia de los cheques de gerencia, solo existía la autorización para emitir esos cheques de gerencia, en algunos casos tenían los números de cheques de gerencia”. Según el perito el pago de los $3,178, 550.08 se realizó en el periodo del 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014 a 12 proveedores. En la pericia agregada al expediente judicial, según la defensa, se le pagó $525,070.00 en concepto de alimentación a una sola empresa de eventos. También le cuestionaron: "¿Usted tuvo a la vista algún contrato de esos proveedores si o no?”. "No”, contestó el perito propuesto por la Fiscalía. "Aquí no determinamos si esos servicios fueron prestados, aquí lo que determinamos los pagos que había hecho CAPRES en concepto... en pagos de servicios de alimentación”, agregó el perito de Fiscalía. La defensa le preguntó al perito por qué no corroboraron la existencia de esos contratos, y aseguró que el punto de pericia no lo solicitaba.

No cumple Lacap.

Por medio de la red social X (antes Twitter) la fiscal del caso dijo que la declaración corroboró su tesis, que no se cumplió con las normativas legales como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y que "no se documentó” adecuadamente el uso de los fondos. La Fiscalía en su acusación asegura que los $351 millones fueron extraídos supuestamente de la cuenta de gastos reservados de la presidencia por medio de ocho cuentas a nombre de los empleados Francisco Arteaga y Pablo Gómez. La defensa insiste que el manejo de los fondos fueron para uso de gastos operativos, pago de servicios y proveedores, y que estuvieron disponibles para el uso discrecional del presidente, a través de la administración de su secretario privado, Francisco Cáceres, a quien señalan de ser uno de los "pilares de corrupción” en el caso.