Persisten vicios en presupuesto advierten a Sala

El abogado Salvador Enrique Anaya, representante del Comité de Trabajadores en Defensa de las Pensiones (Comtradefop), pidió nuevamente a la Sala de lo Constitucional que declare inconstitucional "de modo urgente” la Ley del Presupuesto General del Estado y presupuestos especiales de 2017.Asegura que los vicios del plan de gastos estatal persiste, pese a reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa que garantizaron el pago de Certificados de Inversión Previsional (CIP) y pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).Afirma que los decretos 715 y 723 "no cubren la totalidad de los gastos que deben afrontarse”, ya que los refuerzos al Fondo de Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones Público "sirve única y exclusivamente para cubrir las obligaciones estatales correspondientes a julio 2017”, pero advierte que no se ha incluido el gasto que se debe hacer en octubre.El decreto 723 garantizó un abono de $14,397,879 al IPSFA, pero según el escrito la misma ley de presupuesto estima el monto en $52,000,000. "Esto deja evidenciada la insuficiencia del abono acordado por la reforma a la ley... Las constantes reformas hechas a la ley del presupuesto confirman la inconstitucionalidad”, afirmó.Citan que se sabía con anticipación que el monto a cubrir por el Estado en concepto de costo previsional durante el año 2017 era de $230,000,000, y observan que solo el pago de octubre obliga a tener una liquidez de $91,321,314.29.El análisis del Ministerio de Hacienda indica que el mecanismo financiero para pagar las obligaciones previsionales del 2017 había sido una reforma aprobada el 29 de septiembre de 2016 que fue suspendida por la Sala de lo Constitucional el 4 de noviembre del mismo año.Hacienda presentó un presupuesto el 30 de septiembre sin incluir la deuda previsional, ya que dicho mecanismo se aprobó un día antes; sin embargo, la Asamblea aprobó el presupuesto con dicho vacío, el 18 de enero de 2017.Ese mecanismo consistía en permitir al Estado pagar CIP con la emisión de nuevos certificados previsionales.