Procurador de la PDDH pide asegurar inclusión de personas con Síndrome de Down

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, exhortó al sector público y privado a asegurar la inclusión de personas con Síndrome Down, esto en ocasión de este 21 de marzo, día mundial del Síndrome Down.El procurador lamentó que en el primer trimestre del año no se hayan realizado acciones en torno a la divulgación y cumplimiento efectivo de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y externó su preocupación ante la falta de medidas para eliminar "barreras” para la población con este síndrome. Tobar considera necesario que los artículos 8 y 12 de la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, donde se abordan aspectos como mantener campañas efectivas de sensibilización y rearfirmar que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, sean puestas en práctica por las distintas instituciones del Estado e inicien "urgentemente” acciones para erradicar "los prejuicios y estereotipos hacia las personas con discapacidad intelectual” así como reconocer "sus capacidades, habilidades y aportes a la sociedad”.Aseguró que con la instauración del Día Mundial del Síndrome de Down, se promovió que los Estados y la sociedad reconozcan la dignidad, derechos y "las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual”, de manera especial la garantía del ejercicio de su autonomía e independencia individual.

21 de Marzo

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo de cada año como el Día Mundial del Síndrome de Down, y desde ese entonces El Salvador ha impulsado recursos legales como el Decreto 672 que establece la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.El objetivo de dicha ley se basa en reconocer, proteger y garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, donde se establece que el Estado deberá garantizar la eliminación de todos los obstáculos para el desarrollo de una persona con discapacidad.El Estado fomentará también la implementación del diseño universal en todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como instituciones privadas, en donde uno de los principios a aplicar será la igualdad de oportunidades, equidad y no discriminación.