Rechazan anular juicio contra Silva Pereira

La jueza Segunda de Instrucción de San Salvador rechazó la petición de la defensa de anular el proceso judicial que se sigue en contra del exdiputado suplente Roberto Carlos Silva Pereira por los delitos de cohecho activo (soborno) y casos especiales de lavado de dinero y activos por vencimiento de plazo de diez años.El abogado Reynaldo Nóchez, uno de los dos defensores del exdiputado Silva Pereira, sostuvo que si los hechos que se le acusan a su cliente ocurrieron entre 2004 y 2006, la acción penal caducó en el año 2014.Asimismo solicitó a la juzgadora que levante las restricciones como embargos de bienes, vehículos, propiedades y cuentas bancarias de Silva Pereira, además del sobreseimiento definitivo.En respuesta, los fiscales del caso se refirieron al Código Procesal Penal derogado con el que se está procesa al exdiputado y que establece la interrupción de los plazos de la acción penal cuando un imputado escapa a otro país y las autoridades se ven en la necesidad de iniciar el trámite de extradición ante las autoridades del país donde esté. Además, la Cámara Primero de lo Penal lo declaró en rebeldía luego que no se presentara a la audiencia en la que le darían a conocer la acusación que pesaba sobre él, lo que hizo que el conteo de la prescripción se paralizara.Por su parte la juzgadora, fue del criterio que el proceso judicial contra el imputado no se había extinguido porque Fiscalía lo acusó ante la Cámara Primera de lo Penal tres o cuatro meses después, en diciembre de 2006, luego de haberse dado los últimos hechos que lo incriminan en los delitos como entrega de cheques al exalcalde de Berlin, en Usulután.Tampoco caducó la acción penal porque al tercer día de la audiencia, la Cámara Primera de lo Penal le decretó en rebeldía tras su ausencia a la audiencia en la que se le harían saber los delitos y los hechos que le atribuían en diciembre de 2006.Rechazada esa solicitud, la jueza Segunda de Instrucción dio por instalada la audiencia preliminar en la que Fiscalía General de la República ofreció más de 68 pruebas para demostrar que Silva Pereira cometió los delitos de lavado de dinero y activos y cohecho activo.A esas pruebas se suman otra cantidad de evidencias que pidió a la juzgadora su admisión para demostrar los hechos y la participación delictiva del exdiputado.

El caso

Fiscalía acusa a Silva Pereira de haber lavado más de $8 millones al vender servicios a 15 alcaldías, la mayoría del oriente del país, sin respetar la Ley de Licitaciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).Además, por no firmar contratos por obras municipales entre el alcalde y sus constructoras, ni brindar garantía de fiel cumplimiento de obras, que solo redujo a la firma de una letra de cambio.Tampoco las empresas del exdiputado y su esposa Nora Emily Pada (Provecon y CED S.A de C.V.) contaban con la experiencia y el conocimiento especializado en las obras que ofrecían a las alcaldías: reparación, pavimentación, mantenimiento de caminos, construcción de muros perimetrales, introducción de sistemas de agua potable entre otras.Según Fiscalía, la mayoría de obras contratadas por los alcaldes no fueron realizadas y las pocas que inició, algunas realizadas no tenían la calidad exigida, utilizó materiales deficientes y otras las dejó incompletas.

Principal testigo

Una de las principales pruebas de la Fiscalía es la declaración anticipada del exalcalde de Berlín, Ramón Ernesto Palma Alfaro, en la que relata cómo el exdiputado lo contactó para ofrecerle la realización de proyectos de interés municipal con el financiamiento del banco Hipotecario, el banco de los Trabajadores y las Cajas de Créditos.Silva Pereira consiguió que el banco de los Trabajadores le prestara en un primer momento al alcalde de Berlín $301,000 para desarrollar cuatro proyectos entre 2003 y 2006; y a cambio le dio $20,000, más del doble del 10% prometido por negociar obras con él.