Roberto Burgos Viale, abogado especialista en derechos humanos, cree que en esta administración se ha desnaturalizado el rol para el que fueron creadas las fuerzas del orden, y también ejemplifica la incursión militar en la Asamblea Legislativa y el hecho de negar las inspecciones de archivos militares.
“Hay toda una situación de desobediencia, tanto de la Fuerza Armada y de la Policía a los organismos de control civil, como una mezcla de las tareas de defensa y seguridad pública, que es inconstitucional e inconveniente para la democracia”, añadió.
Por su parte, Mauricio Vargas, diputado y general de la FAES, criticó el rol del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, por jurar lealtad al presidente y no a la Constitución; y al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, por incumplir las órdenes de la Fiscalía General de la República y la Asamblea.
“Esto definitivamente son excesos, ¿por qué es evidente? no hay ninguna corrección de parte del presidente y si no hay una corrección es porque hay una anuencia”, afirma.
El diputado de Arena y exdirector de la PNC, Rodrigo Ávila, asegura que el Gobierno impulsa “acciones eminentemente políticas” desde ambas instituciones “que deben ser garantía una de la defensa nacional y otra del orden público como órgano auxiliar de la justicia”. “No dudo que los hombres uniformados que dirigen estas instituciones son presionados por las instancias políticas del Gobierno”, dijo.
La investigadora en seguridad y violencia en El Salvador, Jeannette Aguilar, aseguró a Diario El Mundo que la instrumentalización política se da a través del uso simbólico de las instituciones en actos públicos del Ejecutivo para demostrar que tiene el control sobre las mismas.
La experta citó la incursión militar del presidente al Salón Azul el 9 de febrero, cuando el Estado Mayor Presidencial (EMP) ingresaron el congreso salvadoreño para presionar a los diputados a aprobar $109 millones para el Plan Control Territorial y desacatos a resoluciones de la Sala de lo Constitucional que le ordenaron el cierre de centros de contención y la entrada de salvadoreños desde el exterior durante la emergencia sanitaria.
“Estamos hablando de un Gobierno que aparentemente llega con alto respaldo ciudadano, pero se está quedando cada vez más aislado y marginado de todos los grupos sociales, políticos y económicos, debido a su actitud de confrontación constante (...). En este contexto, Bukele necesita el apoyo de las fuerzas coercitivas para amedrentar, imponer su voluntad”, dice.
Para la especialista, el peligro que enfrenta la ciudadanía común cuando se le otorgan mandatos que no les corresponden a la PNC y la Fuerza Armada es que excedan su poder. Esto puede devenir, sostiene, en maltratos físicos cuando llegan a zonas estigmatizadas, ejecuciones extralegales, desapariciones y falta de garantías de seguridad a todas las personas sin distinción de sus condiciones sociales y económicas.
La Fuerza Armada y la PNC en la Carta Magna
- Artículo 211 obediente, apolítica y no deliberante
La Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la Nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante.
- Artículo 212 la misión de la Fuerza Armada
La defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. El presidente puede disponer excepcionalmente para la paz interna.
- Artículo 212 quiénes pueden disponer de la FAES
Los tres órganos de Estado podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas disposiciones y hacer cumplir la Constitución.
- Artículo 159 policía ajena a toda actividad partidista
La seguridad pública estará a cargo de la PNC, que será profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajena a actividad partidista.
- Artículo 159 funciones de la policía
La Policía tendrá a su cargo las funciones de la policía que garanticen el orden, la seguridad, con apego a la ley y estricto respeto a los derechos.