La apertura de empresas, que actualmente se encuentran cerradas por la política de cuarentena, es la acción principal de mitigación económica en esta etapa de la enfermedad; su fecha de inicio y los criterios de prioridad son determinantes para evitar un rebrote de la epidemia y favorecer a la población más necesitada.

La producción industrial, comercial y de servicios está parcialmente paralizada desde el pasado 21 de marzo, cuando El Salvador inició la cuarentena domiciliar obligatoria; pero luego se agudizó desde el pasado 7 mayo cuando entró en vigor un confinamiento más restrictivo, que además de cerrar más empresas, prohibió la circulación del transporte público y restringió la movilidad entre municipios y salidas paras realizar las compras.

La empresa privada, especialmente la grande y mediana, expresó que se encuentra preparada para reanudar la producción, cuenta con protocolos sanitarios que ya se presentaron al Ministerio de Trabajo. Dirigentes de la empresa privada expresaron que se permita la compra privada de pruebas de contagio, para hacerles exámenes a los trabajadores.

Existen dos propuestas para la apertura de las empresas, la de la Asamblea Legislativa y la del gobierno, ambas consideran que el costo económico y social de mantener cerradas las empresas es tan alto que es necesario aprobar una ley de apertura de las mismas y que dicha apertura comience lo más rápidamente; no obstante, el gobierno plantea que se inicie la apertura un mayor número de días después de la aprobación de la ley (16 días), mientras que la Asamblea Legislativa (8 días). Estoy de acuerdo que el costo económico y social de mantener cerradas esas empresas hace necesario y urgente aprobar una ley de apertura de esas empresas, pero la apertura de las mismas debería de comenzar después que la función o curva de contagios muestre una tendencia a disminuir; los preparativos para la aplicación de la ley pueden iniciarse luego de ser aprobada. La función o curva de contagio de la enfermedad sigue creciendo; aunque este día la función o curva de acumulado de casos confirmados muestra un crecimiento menor que el día anterior, pero ese comportamiento ya se había presentado el 4 y el 12 de Mayo, posiblemente por la disminución de número de pruebas realizadas o porque el laboratorio no logró analizar todas las pruebas. Es muy probable que en el transcurso de las próximas cuatro semanas comience a disminuir el contagio, ese comportamiento se espera para el resto del año, así como parte del próximo año, a menos que se tenga disponible una vacuna efectiva.

Para decidir cuales empresas deben abrir primero, ambos poderes del estado utilizan tres criterios:

  1. a) El grado de riesgo de contagio por las condiciones de trabajo y/o prestación del servicio; ambos están de acuerdo que primero debe abrirse las empresas que puedan tener menor grado de riesgo de contagio;

  2. b) El espacio que debe tener cada trabajador para prevenir el contagio; ambos poderes consideran que al principio deben tener al menos 2 metros cuadrados y al final del período de apertura deben tener un espacio de al menos 1.5 metros;

  3. c) Utilización de protocolos de salud preventiva; ambos poderes están de acuerdo que los empleadores deben aplicar esos protocolos. Estoy de acuerdo con los tres criterios utilizados por ambos poderes del Estado para decidir que empresas deben abrirse primero, pero creo que debería utilizarse dos criterios adicionales: cantidad de contagiados en el territorio en donde se encuentre instalada la planta de producción, lo que significa que se comenzaría con aquellas empresas de territorios con menor contagio de la enfermedad; también el grado de pobreza en el territorio donde esta instalada la planta de producción, darle prioridad a las empresas instaladas en los territorios más pobres.


Es evidente que el contagio no ha sido igual en todos los territorios, los departamentos con más contagio son: San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Ahuachapán; en cada departamento es la cabecera departamental la más contagiada, excepto en Sonsonate, la Unión y Usulután. El grado de pobreza es muy diferente por departamento, siendo los más pobres: Ahuachapán, La Unión y Morazán.