Izquierda a derecha: William Gómez, directivo de la APES; Karen Moreno, periodista de GatoEncerrado; y César Castro Fagoaga, presidente de la APES. /Yolanda Magaña.


La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este lunes las amenazas hechas contra el gremio de periodistas por parte del actual secretario jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta.

El funcionario aseguró el pasado 17 de septiembre que los medios de comunicación deben exhibir a las fuentes para sus investigaciones y advirtió posibles "consecuencias" a la revista digital GatoEncerrado por una nota periodística que lo señala de reunirse con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para discutir la reelección de Nayib Bukele.

Periodistas del medio digital revelaron que Argueta se reunió con cuatro magistrados del TSE antes de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avalara la reelección presidencial en El Salvador, en un cuestionado fallo para "reinterpretar" la Constitución de la República.

El presidente de la APES, César Castro Fagoaga, respondió al asesor del presidente que los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes, debido a que la protección a los informantes es "una de las bases fundamentales del periodismo", y una de las condiciones para que el oficio pueda ejercerse con libertad.
Los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes. Las leyes en El Salvador y los tratados internacionales nos amparan, porque la protección de las fuentes es una de las bases fundamentales del periodismo". César Castro Fagoaga, presidente de la APES.

Castro agregó que resguardar a las fuentes también es necesario para no desalentar a las personas a confiar información a los periodistas, y señaló que "es una medida indispensable en los regímenes autoritarios que castigan a cualquiera que se atreva a revelar la corrupción interna".



La APES se ampara en el artículo 206 del Código Procesal, el cual señala:









 

Tendrán derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del ejercicio de su profesión u oficio bajo pena de nulidad, los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo otra su profesión ejerzan el periodismo.

De igual manera, los periodistas de profesión y aquellas personas que aun siendo otra su profesión ejerzan el periodismo, tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial; la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar.

 

Alerta por cambios de criterio.


El presidente de la APES también aseguró que están en alerta por los recientes cambios de criterio de interpretación de ley que emite la actual Sala de lo Constitucional, nombrada por el oficialismo.
La amenaza de Javier Argueta debe entenderse en el contexto del control absoluto que tiene Casa Presidencial sobre la Sala de lo Constitucional. Nos preocupa que esto ocurre cuando se ha cambiado un criterio jurisprudencial sobre el tema de la reelección presidencial". César Castro Fagoaga, presidente de la APES.

Puntualmente, Castro advirtió que "sería lamentable que la actual Sala cambie el criterio de la protección al periodismo", señalada en el proceso de Inconstitucionalidad 91-2007.

Nos preocupa que la amenaza sea también para ciudadanos que se enteran de casos de corrupción. Es cada vez más evidente que han hecho de la corrupción y el saqueo su forma de Gobierno". César Castro Fagoaga, presidente de la APES.

El abogado Herbert Serafín, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), recalcó que El Salvador es firmante de convenios internacionales que establecen el derecho a que los periodistas puedan reservarse a revelar la fuente de la información. "Esto está relacionado al secreto profesional que todos los profesionales en este país tenemos", agregó.

Además, agregó que la protección que establece el art. 205" no debe calificarse como una habilitante a la impunidad" para que los periodistas emitan declaraciones falsas; si no que "toda regla tiene su excepción", como establece la sentencia de la Inconstitucionalidad 91-2007.

El abogado explicó que la excepción es cuando la información se emite con dolo, con el fin de difamar e injuriar.

Serafín también advirtió que puede haber otros cambios de criterio, como la interpretación de la ley de actos contra el terrorismo, la cual "podría ser utilizada para criminalizar nuestro derecho a manifestarnos en las calles".