Con la aprobación de una nueva Ley de Migración y Extranjería, el próximo miércoles, en El Salvador existirán visas humanitarias para víctimas de trata de personas, testigos protegidos o personas que corren peligro en sus países. También, ha­brá una visa de negocios para ejecutivos de empresas que exploren posibilidades de inversiones o cuenten con empresas en el país.

Luego de dos años de estudio, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Le­gislativa concluyó la redacción de la Ley de Migración y Extranjería, de 346 artículos y que sustituirá cinco leyes: la Ley de Migración que data de 1958, el decreto sobre ministros de cualquier culto religioso de 1969, la Ley Especial para Residentes Rentistas que data de 1973, la Ley de Expedición Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a la República de 1982 y la Ley de Extranjería de 1986.

“Se busca modernizar la legislación y darle un enfoque de derechos humanos y no un enfoque policíaco”, dijo Carlos Saade, diputado de Arena y miembro de la Comisión.

La ley contempla otorgamiento de residencias y protección legal a personas víctimas de trata de personas, asilos, testigos, apátridas y refugiados. “Regula el ingreso por motivos humanitarios. Facilita visas comerciales a inversionistas para que se queden en el país, sin tramitar residencias”, reza el dictamen.

La ley se aprobará en una sesión plenaria programada para este miércoles 20 de marzo.

“Es importante recono­cer el derecho que se tiene como migrantes y, si exigimos derechos en otros países, que traten bien a nuestros compatriotas, también así tenemos que tratar a todas aquellas personas extranjeras que nos visitan”, expresó el diputado William Pineda, del PCN.

Según los legisladores, la nueva ley incorpora compromisos internacionales asumidos por El Salvador en materia de derechos de los migrantes. Incorpora el principio del debido proceso, igualdad, el interés superior por niñas, niños y adolescentes, la unidad familiar, la reunificación familiar y no devolución, en los casos que haya motivos razonados de que la persona corre peligro en su país.

De acuerdo al proyecto, contempla procedimientos migratorios más expeditos, coordinaciones interinstitucionales y mejora también las medidas de seguridad en los documentos de viaje.