La Asamblea Legislativa aprobó una nueva normativa que mantiene la cuarentena pero permite levantarla gradualmente en un lapso de 120 días. / Óscar Machón
La Asamblea Legislativa aprobó, con 63 votos, la “Ley integral de protección de la salud dentro de la reanudación de labores en el marco de la pandemia COVID-19”
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, pidió al pleno una autorización para enviar el decreto a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; el pleno lo autorizó con 49 votos.
La ley establece medidas para reanudar gradualmente las actividades laborales, económicas y administrativas, en los sectores público y privado, regulando medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos en los lugares de trabajo.
La normativa permitiría la reactivación económica en cuatro fases, iniciando con una fase primera partir del octavo día, en donde se exigiría en los centros laborales un espacio de dos metros cuadrados por cada trabajador.
De acuerdo a la normativa, los lugares de trabajo que no tengan la posibilidad de ese distanciamento podrían colocar barreras de protección como mamparas sanitarias, cabinas, cubículos, uso de lentes, mascarillas o caretas.
“Vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia. Tenemos que enfrentar esta pandemia, no por 15 días, no por un mes, sino por varios años”, dijo el diputado Rodrigo Ávila, de Arena.
Sin embargo, la nueva ley tiene anuncio de veto. El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la vetará y que, además, se tomará su tiempo para regresarles el decreto. La reacción del mandatario se hizo ante un tuit con la aprobación de la ley contra la prohibición de solicitar al Documento Único de Identidad al comprar medicinas y de la prohibición de movilización entre municipios.
No a un cien por ciento
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, aseguró que las empresas no entran a funcionar a un cien por ciento, “da ocho días para que el Gobierno presente un plan de apertura económica, a partir de ese momento, le da 15 días”.
“Por ejemplo, una empresa equis que tenga 100 empleados, se le puede autorizar que 50 lleguen manejando los protocolos… Si la empresa cuidó al detalle el protocolo, todas las medidas sanitarias tienen que cumplirlas. No te da apertura de forma inmediata, tienen que ser evaluadas esas empresas”, afirmó.
La ley tendrá una vigencia de 120 días, es decir, cuatro meses. “Todo el proceso de apertura económica está desarrollado en cuatro meses, estamos hablando de aquellas que reúne una buena cantidad de trabajadores y donde las personas no pueden guardar el distanciamiento social, esas empresas tendrán que manejar protocolos especiales y diseñarlos”, explicó.
Ponce agregó que el Gobierno será quien diseñe un plan de apertura económica.
La nueva ley incluye la prórroga de los pagos de servicios de agua, energía, cable e interne hasta junio; y le da las facultades legales al presidente de la República y al Ministerio de Salud para seguir combatiendo y evitando el contagio del COVID-19.
La normativa no exime al Ejecutivo de cumplir los procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).