La relación entre empresarios y Gobierno en El Salvador tiene altos y bajos. ¿Debe adoptar una postura crítica o trabajar juntos?
Las dos posturas, debe ser, en su momento, un articulador, un facilitador para el gobierno hacia esta corresponsabilidad de inversión, la inversión pública y la inversión privada debe estar sostenida. El sector privado, desde la mirada que tengo en el país y desde la Confederación, es un clima de exigencia pública, no se trata de ir en contra o generar estos mecanismos en función de contrapuntear las decisiones de los países, si le va bien al gobierno nos va bien al sector empresarial. Es un facilitador, un acompañador de las decisiones públicas, pero al mismo tiempo debe ser un ojo crítico, técnico, de las propuestas y las iniciativas del gobierno, que estén alineadas al Estado de Derecho, una mirada de contrapeso que no significa que esté de acuerdo en todo o que disienta en todo. Un pensamiento crítico pero propositivo, un agente abierto a la discusión pública.
En redes sociales, la defensa del Estado de Derecho es ausente.
Desde el Instituto parte del espíritu es formar en competencias ciudadanas. ¿Cómo podemos convertirnos en ciudadanos de los lugares que habitamos? Comparmex el año pasado organizó debates ciudadanos a través de redes sociales. Desde el Instituto, es otra de las cosas que veo oportunidad para El Salvador, se fortalecen liderazgos éticos y comprometidos que debe haber en cada comunidad, fortalecerlos hacia el acompañamiento de que éstos sean replicadores de las buenas prácticas y puede ser a través de las empresas. De lo que vi es que hay una gran resistencia de este sector aquí para que esto suceda.
¿Por qué cree que hay resistencia?
Porque es necesario tener una nueva mirada del sector empresarial, aquí sí el sector empresarial está vinculado a los partidos políticos de manera totalmente directa y nosotros en el país no debemos tomar causa, línea, lo que ha permitido crear estos marcos de propuestas ciudadanas. Por ejemplo, el sistema de transparencia deriva de una iniciativa, que es la tres de tres, que es la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, fue propuesta por el sector empresarial en el Congreso, defendida hasta que convirtió en el sistema nacional anticorrupción y que tiene como objetivo tener una institución autónoma que defienda el estado de legalidad e integridad.
¿En qué ve la vinculación aquí con partidos, en el financiamiento?
Lo veo en esa parte, es posible que en el sector empresarial se generen cuadros políticos pero es como una práctica recurrente que tiene El Salvador que desde los mismos organismos empresariales se generen las candidaturas. Creemos que debe haber una profesionalización del sistema.