Foto archivo DEM.


 

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), Erick Salguero, considera que el nuevo decreto ejecutivo que regula la cuarentena obligatoria en El Salvador, restringe derechos constitucionales que solo puede suspender la Asamblea Legislativa, por un período limitado de tiempo.

Ayer por la noche, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó a través de su cuenta de Twitter el Decreto Ejecutivo 19, que deroga el decreto 14 e impone una cuarentena obligatoria a partir de hoy, martes 14 de abril. Como los decretos anteriores, declara a todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario, y obliga a toda la población a mantenerse en resguardo domiciliar obligatorio y a salir de su vivienda solo en casos específicos.

Se incluyen, sin embargo, dos nuevas disposiciones polémicas entre diputados de la Asamblea Legislativa: el ingreso de personal del Ministerio de Salud para entrar a viviendas, y decomisar vehículos a personas que incumplen la cuarentena, que seguirán siendo trasladados a centros de contención.

"El decreto ejecutivo no. 19 restringe derechos constitucionales que solo pueden ser suspendidos temporalmente por una ley formal otorgada en la Asamblea Legislativa", publicó el presidente de Arena a través de su cuenta de Twitter.

La falta de acuerdo con la Presidencia llevó a la Asamblea a prorrogar el estado de emergencia por solo cuatro días, mientras definen un nuevo decreto que incluya la cuarentena obligatoria sin restringir los derechos de circulación y cambio de domicilio que exige el Gobierno en el estado de excepción.

"Lo correcto es esperar el día jueves. La cuarentena está vigente", señaló Salguero.

El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, aseguró que los diputados están analizando todos los elementos del decreto 19 "para ver si se permite al Ejecutivo hacer estas acciones".

"Estamos analizando si no hay un tipo de contradicción con la Constitución que es lo más importante. Se menciona que los vehículos serán retenidos para llevarlos a sanitización, eso todos sabemos que no se trata de eso, y sería poderle quitar la propiedad privada a un salvadoreño. Estamos analizando, tenemos abogados y sentaremos posición cuando hayamos hecho el análisis pertinente", aseguró.

Para Reyes, la Ley de Protección Civil y el Código de Salud le permiten al Gobierno "tomar acciones en estos casos", pero "tenemos que ver es que esto no vaya a lindar con derechos constitucionales".