Entre otras cosas, proponen la eliminación de los seguros médicos privados en las instituciones públicas y que el uso de los vehículos por parte de funcionarios sea exclusivo para el trabajo, sin derecho a llevárselos a sus casas.
“Hay que tener toda la austeridad necesaria. Podemos ahorrarnos una buena cantidad de dinero que puede usarse para escuelas, seguridad y hospitales”, dijo Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena.
Prohíben la asignación de teléfonos celulares y solo permitir los bien justificados.
En el artículo 7 de la propuesta se establecería que los vicepresidentes, secretarios, ministros y viceministros no podrán ganar más de 85% del equivalente al salario del presidente de ese órgano de Estado. El presidente de la República de El Salvador tiene un sueldo de $5,181.72 incluyendo gastos de representación; mientras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) percibe $6,835.32 mensuales y el presidente de la Asamblea Legislativa, $5,781.72, incluidos gastos de representación.
De acuerdo a la propuesta, los gastos en viajes y viáticos no deben superar el 1 % del presupuesto anual de la adquisición de bienes y servicios.
En el artículo 10 prohíben la adquisición de vehículos de lujo, camionetas blindadas u otros de alto valor; excluyen a la Policía, Salud y Seguro Social si se usa para el servicio de la población. También, prohíben la asignación de “vehículos para uso exclusivo”.
El FMLN se mostró abierto. “Será importante revisar esa propuesta para que todos los funcionarios nos ajustemos”, dijo ayer la diputada Cristina Cornejo, de ese partido.
