La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa sesionó ayer con representación de diputados de Arena, FMLN, Gana y PCN, excepto del PDC. / Cortesía
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa inició ayer el estudio del proyecto de la “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos”, que fue redactado por la Fiscalía General de la República (FGR) con el acompañamiento técnico de la Oficina País de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
El FMLN cuestionó la redacción del artículo 2 del borrador de ley, considerando que no aclara si el término “autoridad competente” hace refierencia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –actualmente Unidad de Investigación Financiera– o directamente a la FGR.
Según el artículo 2 del borrador, esa autoridad competente solicitará que las personas naturales o jurídicas demuestren, con documentación, el origen lícito de cualquier transacción financiera o de bienes que realicen.
Sin embargo, el diputado del FMLN Javier Valdez dijo que la única institución que está facultada constitucionalmente para solicitar información e iniciar procesos de investigación es la FGR y no la UAF u otra dependencia.
El diputado preguntó cómo la UAF protegerá los datos personales en la documentación entregada como parte de procesos investigativos.
El director de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Néstor Guzmán, argumentó que, para tener buenos resultados en el combate del lavado de dinero, esa unidad debe poder “acceder a bases de datos”.
Aseguró que toda información solicitada por la UAF a cualquier persona natural o jurídica solo será “para el análisis financiero” y no para compartir los datos personales con instituciones cuya función no sea el combate, control y sanción del lavado. “Nuestras facultades están muy bien resguardadas”, expresó, explicando que la única institución que va “a perseguir delitos”, como el lavado, “será la Fiscalía”.
El diputado del PCN Raúl Beltrán Bonilla pidió que el director explicara cómo será la persecución penal contra funcionarios salvadoreños que depositaron dinero supuestamente producto del lavado en Panamá, concretamente en los casos de “Panama Papers”. La pregunta no fue respondida, ya que el tema será abordado en el estudio de los próximos artículos, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad, Antonio Almendáriz.
El diputado Rodrigo Ávila, de Arena, cuestionó la redacción del artículo 6 y numeral séptimo del proyecto de ley, que establece que la Unidad de Análisis Financiero de la FGR tendrá “acceso directo o en forma electrónica a las bases de datos” y “registro de todo tipo de información que posean las entidades públicas o privadas que administran recursos públicos, para el análisis financiero”.
El legislador señaló que esa redacción abre la posibilidad de que esa unidad, incluso, solicite información del tipo sanguíneo o de expedientes clínicos u otro tipo de dato personal del investigado.
El cuestionamiento que hizo Ávila no fue respondido por el director de la unidad fiscal, luego de que el presidente de la Comisión informara que los diputados del FMLN tenían otra actividad; por lo tanto, la reunión quedó reprogramada para este martes 21 de enero a las 9:00 de la mañana. De acuerdo a la Unodc, la normativa contribuirá a que El Salvador cumpla los estándares internacionales en el combate al lavado.
¿Qué plantea el proyecto de ley para combatir el lavado?
Todas operaciones serán reportadas
La ley actual dice los sujetos obligados deben rendir un informe de las transaciones mayores de $10,000 que hacen las personas naturales o jurídicas. El proyecto de ley plantea que los obligados deben informar “cualquier” transacción sospechosa.
¿Quiénes serán sujetos obligados?
La Comisión de Seguridad redefinirá quiénes serán los sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas; podrían incluirse las gasolineras y a los operadores turísticos. Se mantendrían en la lista los bancos, abogados y contadores.
Penas carcelarias y prevención
El proyecto pide subir a ocho años la pena mínima de prisión por lavado. Actualmente, es de cinco años de cárcel. La máxima siempre será 15 años. Además, crea un sistema nacional para prevenir el lavado, integrado, entre otras por Hacienda y la Fiscalía.
El plazo idóneo para aprobar la ley
La Oficina País de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) recomendó que la Asamblea Legislativa apruebe la nueva normativa en el primer trimestre de este año, para enfrentar la evaluación que el Gafic hará en el 2022.