Los coordinadores parlamentarios de Arena y FMLN, Carlos Reyes y Nidia Díaz, justificaron la contratación de familiares de diputados al interior de la Asamblea Legislativa y en otros órganos de Estado, siempre que se garantice que no están bajo su dependencia directa y tengan "idoneidad" para el cargo, a raíz de diversas publicaciones periodísticas que señalan nepotismo en el Órgano Legislativo.

"Una cantidad de parientes puede haber trabajando, pero no necesariamente bajo el mismo órgano del Estado, o bajo la misma persona. El caso que se censura y se critica para nosotros es cuando hay nepotismo (...) quiero hacer ver que no solo hay que voltear a la Asamblea, sino al Ejecutivo y al mismo Judicial", indicó Díaz esta mañana, durante la entrevista Hechos de Canal 12.

Para la legisladora, "no se le puede negar el derecho del trabajo a nadie", aunque la ética de contrataciones en la Asamblea "no debería involucrar a familiares en dependencias que un diputado tiene directamente bajo su administración", aseguró.

"Si yo tengo un pariente profesional, que llena los requisitos institucionales, se somete al procedimiento de la institución, él, por su valor sus cualidades y su desempeño (...) puede ingresar y estar en otro Órgano del Estado. Ahora, si viene un familiar y por afinidad de parentela y confianza lo pongo a la par y bajo mi dependencia, sin llenar requisitos y cualidades, ahí es donde viene el nepotismo", afirmó.

Para Díaz, "cada diputado que ha hecho contrataciones de familiares debe responder a las instancias correspondientes", pero señaló que en el caso del Ejecutivo "se ha criticado a la Asamblea cuando ellos mismos han despedido a personas, pero hay familiares y amigos (del presidente) en el Consejo de Ministros".

"La Asamblea es la más señalada en estos temas porque está en una palestra más sensible, pero esto sucede en todos los órganos del Estado (...) y ahí nadie dice nada. Hay parientes pero uno dice, 'bueno, si es profesional, ahí pueden estar', hay que retomar el tema del Tribunal de Ética para que pueda llevar un control", agregó Díaz.

Al ser cuestionada por el entrevistador por las contrataciones de familiares durante la administración del FMLN en el Ejecutivo, Díaz señaló que "todos eran personas idóneas que llegaron por sus propios méritos", y reconoció haber firmado más de 1,000 recomendaciones para la contratación de personal en diferentes áreas, "de personas que cumplían con todos los requisitos para ser contratados".

El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, aseguró por su parte que la contratación de familiares "es un tema de los tres órganos del Estado", y que en el caso de la Asamblea, "siempre nos toca que (los diputados) nos presentan sus listados con propuestas de asesores y uno no busca quién es esta persona" en particular, o si existe un vínculo familiar.

"Como dice la colega Díaz, hay que saber distinguir porque puede haber un profesional (...) por ejemplo, en Medio Ambiente están pidiendo un análisis antropológico, y aquí en El Salvador sólo hay como tres. Podría ser que un pariente de un ministro -no sólo diputados porque esto es en todo el Estado (...) -, que tiene esa especialización y puede trabajar, ahí que esté", añadió.

Reyes aseguró que hay "una nueva oportunidad" para discutir legislación que regule las contrataciones en el Estado, a pesar que la última propuesta, del diputado René Portillo Cuadra, no logró suficiente apoyo en el pleno y fue archivada.

Ayer, el diputado Rodolfo Parker, jefe de fracción del PDC, propuso hacer una auditoría interna hecha por particulares para determinar cuántos familiares están trabajando en el Legislativo.

Cada mes, la Asamblea destina $1.4 millones en salarios para trabajadores de grupos parlamentarios; y, al sumar los aguinaldos y dos bonos de $200 anuales para cada empleado, el primer Órgano de Estado desembolsa $20 millones para 1,239 personas asignadas al FMLN, PCN, PDC, Gana y Arena; más 1,115 empleados institucionales.

De hecho, el presidente legislativo, Mario Ponce, reveló que la Asamblea inició este 2020 con un déficit de $1.5 millones en el rubro “51 remuneraciones” a causa de las contrataciones de personal autorizadas por el diputado y expresidente legislativo, Norman Quijano, entre el 1 de mayo de 2018 y el 31 de octubre de 2019.

El 28 de octubre de 2019, Diario El Mundo publicó que Quijano avaló en su gestión presidencial la contratación de al menos 702 personas, de las cuales 275 fueron asignadas en la fracción legislativa de Arena.