Arena y PCN, que suman 46 votos, están abiertos a aprobar la nueva ley antilavado. DEM
Los partidos políticos Arena y PCN ven probable que la Asamblea Legislativa apruebe a inicios de este 2020, la Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, como sugirió la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
“Yo creo que existen las condiciones para aprobar la ley, me atrevería a decir, dentro de los primeros seis meses del año (2020)”, dijo Bonner Jiménez, diputado de Arena e integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa.
La Comisión recibió el proyecto el 1 de octubre de 2019, del fiscal general de la República, Raúl Melara. El legislador no descartó que el partido haga observaciones cuando se reanude la discusión en la Comisión. “Vamos a incorporar algunas mejoras que nosotros consideremos y poco a poco lo vamos a ir desarrollando. El proyecto ha sido consensuado de manera interinstitucional por aquellas instituciones que tienen que ver con el lavado o que algún momento pueden ser víctimas del lavado”, expresó.
El diputado del PCN e integrante de la misma comisión, Raúl Beltrán Bonilla, aseguró que el partido no tiene observaciones y que la normativa puede ser aprobada en el primer trimestre de 2020.
“Quisiéramos, antes de que termine el primer trimestre. Hay que caminar rápido con la aprobación de la ley, porque los dolores en el tiempo del lavado son serios y hay que pararlos a toda costa, con una ley que proteja al Estado y a las instituciones”, expresó.
El FMLN se opone. El diputado Carlos Ruiz, de la misma comisión, valoró que la ley “funciona” y no cree que sea necesaria una nueva normativa. “Hay una ley que funciona. No me van a venir a decir que no funciona la ley de lavado que se tiene. Hay distintos funcionarios presos, eso quiere decir que funciona”, acotó.
Opinó que la nueva ley violaría la Constitución de la República, al darle autonomía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para que investigue casos de lavado. “Le quita a la Fiscalía el monopolio de la investigación, de ahí ya comienza un vicio de fondo del proyecto de ley”, criticó.