Una estructura de supuestos estafadores que ofrecían visas canadienses, supuestamente, dirigida por Erick Ernesto Campos, exdiputado de Arena (2009-2012), fue desarticulada tras 11 denuncias que ha investigado la Unidad Fiscal Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas.

Campos ya guardaba prisión por otros delitos y será notificado de la nueva acusación, no así, Guillermo Adolfo Guillén Villeda, Wendy Yamileth Francia y Ana María Ibarra Guzmán, quien es doctora en medicina y fueron capturados ayer.

La Fiscalía giró orden de captura en contra de otras dos personas pero no fueron ubicadas para ser detenidas, y junto a los otros cuatro señalados de integrar la banda serán acusados en un juzgado de San Salvador, por el delito de estafa agravada.

Violeta Olivares, jefa de la referida unidad especializada confirmó que la estructura engañó a las víctimas con falsos viajes a Canadá, les ofrecieron incorporarlos a programas de trabajo en el área agrícola en ese país.

Al recibir las denuncias y tomar declaración a las víctimas, la Fiscalía logró establecer que la estructura tenía una clara intención de estafar, ya que se identificaron como representantes de las empresas Employee to Bussines S.A. de C.V. y Gift Abroad El Salvador S.A. de C.V.

Los imputados alquilaban casas en la colonia Escalón, de San Salvador, para hacerle creer a las personas que eran las oficinas centrales de las dos empresas, también rentaban locales en Usulután y Chalatenango para reunir a las personas cuando hacían visitas a esos lugares para exponer el supuesto programa de trabajo canadiense.

Antes de reunir a todas las víctimas, los imputados ya habían realizado visitas personales para informar de que ellos eran representantes de empresas canadienses y que les garantizaban un viaje legal y trabajo en cultivos de frutas y hortalizas bien remunerados.

En un primer momento pedían $35 para pagar un formulario diplomático y luego mandaban a las personas a practicarse exámenes al consultorio de la doctora Ibarra Guzmán, por un monto similar.

Luego a las víctimas, las trasladaban a Guatemala y les decían que era para completar los trámites y otros exámenes médicos por los que pagaron de $250 a $350, al vecino país los trasladaban en autobús y hospedaban en hoteles de bajo costo, después de eso ya no les daban ninguna información respecto al viaje.