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Con 65 votos, la Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento para demandar la separación del poderes al presidente Nayib Bukele, a quien acusan de un intento golpe de Estado al parlamento.

Luego que el fin de semana irrumpiera el Salón Azul en compañía de las Fuerzas Armadas y antimotines de la Policía Nacional Civil, Bukele demandó a los diputados la aprobación de $109 millones para la fase III del Plan Control Territorial.

"Vamos a tomar acción de este intento de golpe de Estado al Órgano Legislativo. Como presidente del Órgano Legislativo, en representación de los 84 diputados, estamos protestando enérgicamente por esa actitud con la cual se ingresó a este recinto legislativo", denunció el presidente del congreso, Mario Ponce, tras una reunión de cuatro horas con la Comisión Política y los jefes de fracción de los partidos.

La Asamblea se pronunció por "violaciones a la Constitución de la República" protagonizadas por "Nayib Bukele y el Consejo de Ministros", después que convocaron a una sesión plenaria el domingo.

Los diputados condenaron "la irrupción y toma militarizada de las instalaciones donde se congrega el pleno legislativo por instrucciones de Nayib Bukele", que, a su juicio, "constituye exhibición de fuerza bruta para amedrentar a diputados" y es "una expresión de violencia propia de los momentos más oscuros del país".



Durante la lectura del pronunciamiento, además, rechazaron la "violación a la independencia del Órgano Legislativo y la ruptura del orden constitucional", así como la "ocupación ilícita" de Bukele al tomar el curul de Ponce.

Los diputados denunciaron, además, "constantes insultos, amenazas y persecución política", circunstancias que fueron desmentidas por el Gobierno. La diputada Patricia Valdivieso, durante su intervención en la plenaria, denunció que agentes de la PNC la buscaron el sábado a las 11 de la noche en la casa de habitación de sus padres, y el domingo a las 8:30 en su propia casa.

La Asamblea también denunció la "violación de la libertad de prensa, información y expresión contra periodistas nacionales y extranjeros" durante la toma del recinto legislativo. La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) denunció al menos nueve agresiones contra la prensa ese mismo día.

Pide a los congresos del mundo y organizaciones de parlamentos su solidaridad con la democracia.

Exige al presidente que desista de sus amenazas para disolver el congreso.

Expresa su agradecimiento a las entidades nacionales e internacionales que se han pronunciado, y los instamos a continuar pendientes. Hace un llamado a la OEA para considerar establecer urgentemente los mecanismos de democracia preventiva para evitar una profundización de la ruptura del orden constitucional.