Dieciséis organizaciones pidieron agilizar el debate sobre el servicio público. / DEM
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa aún no ha nombrado a los miembros de la comisión ad hoc que se encargará del estudio del proyecto de Ley de Servicio Público, que promete mejorar la calidad del servicio que brindan funcionarios y empleados públicos y sus capacidades estableciendo su contratación por méritos.
El equipo impulsor de la Ley de Función Pública urgió este lunes a los diputados de la Asamblea Legislativa que inicien el estudio de la normativa, luego de 16 meses de la presentación del anteproyecto de Ley de Servicio Público el 6 de diciembre de 2017.
“Somos 16 instituciones que necesitamos que se inicie esa discusión, nos hemos unido porque tenemos un fin común: garantizar que el Estado le cumpla a los ciudadanos”, dijo Marjorie Trigueros, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
La normativa prohíbe a los servidores públicos la discriminación, las represalias contra los sindicalistas, el acoso laboral o sexual, la solicitud de dádivas, regalos o pagos por acciones relacionadas con las funciones del cargo público, el uso de información reservada para beneficio propio.
También prohíbe a los empleados realizar actividades de partidos políticos, efectuar trabajos que afecten el desempeño del servicio público o que presenten conflictos de interés, usar violencia física o psicológica, desempeñar más de un cargo público remunerado dentro del Estado, incurrir en nepotismo o clientelismo, entre otras conductas.
Los representantes de las organizaciones dijeron que es fundamental que los diputados no sigan posponiendo esta discusión. Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, señaló que “se usa el empleo público con fines clientelares, se está contratando personal no porque se necesite, sino porque es una fuente de financiamiento de partidos políticos: $2.6 millones en tres años”.
