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Abogados constitucionalistas y expertos en políticas públicas coinciden en que la Asamblea Legislativa debe garantizar la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) objetivos, independientes e imparciales en la aplicación de la ley; pero también documentar todo el proceso, del que aún no existe suficiente información.

A menos de un mes de finalizar los cargos de los actuales magistrados, la subcomisión política encargada de verificar los perfiles de los 75 candidatos a ocupar uno de los cinco cargos en la Corte, no ha emitido suficiente información sobre el proceso. El abogado José Marinero asegura que durante las últimas décadas se ha mantenido la tendencia de elecciones de funcionarios de segundo grado "viciadas" por esta falta de información y transparencia.

"Es necesaria la comprobación de la Asamblea de los requisitos necesarios para ejercer y ser elegido en este cargo (...) Lastimosamente, la información que tenemos hasta ahora sobre el proceso de elección de los candidatos de la Corte de Cuentas de la República, lo que indica es que se va a repetir nuevamente la historia", indicó.

Marinero critica que la subcomisión ha encontrado que todos los candidatos están calificados para ejercer el cargo. "Además de que va contra la lógica y el sentido común, implica que la subcomisión no ha cumplido su trabajo de hacer la valoración entre los diferentes perfiles de los candidatos. Hay unos que recogen de mejor manera el perfil, hay unos que podrían ejercer mejor el cargo", afirmó.

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo Martínez, coincidió en que la Asamblea debe transparentar cómo documenta que las personas son idóneas y por qué descartará a unos perfiles sobre otras sin que esto responda al reparto de cuotas partidarias o "al simple interés de partidos de poner a sus piezas en instituciones donde el criterio determinante no debe ser la vinculación partidaria, si no la independencia".

En ese sentido, indicó que el perfil de los nuevos magistrados debe ser "básicamente el de un juez", debido a que la institucionalidad de la corte es una mezcla entre contraloría pública y tribunal de cuentas. Esta labor cobra especial importancia en medio de la crisis sanitaria por covid-19, debido a que la Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno para adquirir $3,000 millones en deuda pública. Los nuevos magistrados, agregó, deberán custodiar y examinar este gasto cuando se haga efectivo.

"En donde se examinan las cuentas, no solo hay que verificar que exista una factura, si no la eficiencia, probidad y neutralidad en el gasto (...)= el perfil debe ser el de alguien con conocimiento de cuestiones contables y de auditorías, pero que en juicios de cuenta el voto no lo dicte su corazoncito político o sus amistades; ni la aversión que pueda tener y ganas de echar zancadilla a un adversario político", consideró Martínez.

Ambos abogados en que los criterios determinantes para elegir a magistrados de la Corte de Cuentas son la imparcialidad y la objetividad en la aplicación de la ley, y Marinero instó a la Asamblea Legislativa a revisar una vez más los perfiles para garantizar la idoneidad en los cargos, documentando debidamente el proceso para cumplir las recomendaciones de la sentencia de la Sala que declaró inconstitucional la elección de los últimos magistrados.

El pasado 28 de julio, la Sala de lo Constitucional falló que la Asamblea Legislativa omitió su deber de documentar la no afiliación partidaria de la presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas Landaverde, y de la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona. En relación a Roberto Anzora Quiroz y los suplentes Nolberto Osmín Cunza y Patricia Bardales Osegueda, la Sala dijo que la Asamblea sí documentó la no afiliación partidaria, pero no competencia notoria.