Sin un informe oficial de seguridad o avances de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, los diputados aún no saben si crearán una Comisión Especial, interpelarán a los ministros de Defensa y Seguridad, o si mantendrán un perfil bajo para evitar más confrontación con el Poder Ejecutivo.
Mauricio Vargas, diputado de Arena y miembro de la Comisión de Seguridad, reconoce que la Asamblea no tiene un reporte oficial sobre la irrupción del Ejército “porque es una decisión que no se ha discutido”. “Hay muchos rumores que se están analizando en redes, en comunicaciones de pasillo”, que coinciden en un elemento: “hubo una intención de golpe de Estado”, dice.
El encargado de la seguridad del recinto, César Reyes Dheming, “no ha rendido cuentas a todos los diputados” sobre qué sucedió ese día, asegura Javier Valdez, diputado del FMLN. Hasta ahora, solo se ha valorado presentar “procedimientos administrativos y judiciales ante la Fiscalía”, en espera de una investigación exhaustiva, añade.
“Lo que se vio en los medios de comunicación es que ingresaron a las instalaciones y tomaron todas las actividades administrativas para hacer hasta un mitin”, pero aún hay dudas sobre cómo ingresaron, y si hubo colaboradores de la Asamblea involucrados.
Para determinar responsabilidades, Vargas pide revisar la cadena de mando que llevó al ministro de la Defensa, René Merino Monroy, al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, a tomarse el Congreso.
“Muchos hablan de interpelación o de comisiones especiales, pero esas son emociones y no podemos generar más rumores que no abonan absolutamente nada a la despolarización”, consideró.
No a la interpelación
La Comisión Política, dijo, conocerá información de seguridad de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, de los agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) y seguridad de la Asamblea, “y después empezaremos a ver si cabe alguna de estas figuras desde el punto de vista jurídico”.
Sin embargo, Arena no quiere interpelar a los funcionarios del Gobierno. “Desde el punto de vista político, no se va a buscar elevar la tensión de estas situaciones”, añade.
El FMLN, sin embargo, sí quiere interrogar a los titulares de Seguridad, Defensa, PNC; y al director general de Centros Penales, Osiris Luna, para que dé cuentas de su viaje a México costeado por una empresa mexicana que distribuye equipo de videovigilancia. El Gobierno exige la aprobación de un préstamo de $109 millones, de los cuales $25.9 son para este rubro.
Carlos Reyes, jefe de la fracción de Arena, plantea que lo importante es que los hechos ocurridos el domingo no se repitan, aunque reconoce que entre los diputados hay tres posturas diferentes: interpelación, comisión especial o dejar que la Fiscalía General de la República investigue.
“Debería actuar un poco más acelerado”, exhorta Reyes a la Fiscalía sin inclinarse por interpelación o la creación de una comisión especial.
Para Juan José Martel, del partido Cambio Democrático (CD), es importante no echar más leña al fuego. No duda en decir que lo ocurrido el domingo le parece inconveniente para la vida del país pero advierte que “estar elevando adjetivos calificativos” cuando está pendiente una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la cual ha emitido medidas cautelares de no utilizar a la Fuerza Armada ni a la Policía Nacional Civil para fines inconstitucionales. “Prefiero ser prudente, es muy fácil echarle leña al fuego”, sostiene.
Ayer el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró que los militares que ingresaron el domingo al Salón Azul del parlamento eran parte del Batallón Presidencial.
