Con 56 votos del FMLN, Arena y PDC, la Asamblea superó el veto presidencial al proyecto de ley especial para proteger los derechos humanos de las personas durante la pandemia del COVID-19.
La normativa fue aprobada el pasado 17 de abril para cumplir una orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que prohibió al Ejecutivo hacer detenciones y decomisos sin que la Asamblea lo regulara en una ley formal.
Durante la cuarentena domiciliar implementada por el Gobierno, tanto la Sala como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido cientos de denuncias por violaciones a derechos constitucionales.
La Asamblea, sin embargo, no incorporó la prohibición a las detenciones en el decreto de emergencia por temor a un veto, ya anticipado por la oposición y anunciado por el presidente: Bukele había publicado en Twitter que no sancionaría ninguna ley aprobada en la plenaria de ese día.
En sus razones para vetar la ley de derechos, el mandatario argumentó que contraviene la seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad y el derecho a la salud de la población.
Rodolfo Parker, diputado del PDC, llamó “pieza de colección” para los abogados del país el argumento del presidente sobre la proporcionalidad derivada del artículo 246 de la Constitución, que en realidad define que los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución no pueden ser alterados por otras leyes.
Retornarían varados
El decreto 621, un transitorio para avalar el ingreso de todos los salvadoreños que no pudieron regresar al país antes del cierre, fue ratificado ayer con los votos de 60 diputados, después que el presidente lo vetara por “inconstitucional” .
El control constitucional del Ejecutivo se conoció el 20 de de abril, tras casi un mes de denuncias de ciudadanos atrapados en distintos países, algunos sin recursos para subsistir en el exterior.
También llegó dos semanas despúes que la Sala de lo Constitucional le ordenara al Gobierno elaborar un plan de repatriación urgente.
Bukele argumentó que la ley viola el principo constitucional de seguridad jurídica y el derecho a la salud, debido a que la Asamblea no tomó en cuenta la capacidad de los centros de cuarentena para las personas que regresarían al país de aplicarse la ley; ni cuántas personas están fuera del país y desean retornar.
La Cancillería reporta cerca de 4,500 salvadoreños que no pudieron regresar por el cierre de las fronteras aéreas.
Karina Sosa, diputada del FMLN, calificó de “lamentable y penoso” haber tenido que superar el veto: “Debido a la presión que hacen los afectados (...) es que hemos visto que el Gobierno empieza a hablar de cómo traerlos”.
