Fusades dijo que las preguntas para la interpelación pueden mejorarse, pero que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de hacerlo con los funcionarios implicados en el 9F. Foto: Archivo-DEM
La irrupción de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en la Asamblea Legislativa, podría justificar la interpelación legislativa de los funcionarios involucrados en los hechos del 9 de febrero, asegura Javier Castro, jefe del Departamento de Estudios Legales de Fusades.
"La Asamblea Legislativa está en toda la facultad constitucional para hacer interpelaciones. Podrán mejorarse las preguntas y las respuestas, pero este tipo de controles interorgánicos son parte de una democracia. Son parte de los balances y controles", aseguró el analista, al ser consultado por la prensa.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), presentó hoy su Informe de Coyuntura Legal e Institucional, que evalúa el Estado de Derecho, la transparencia y el clima de negocios del segundo semestre de 2019; período que coincide con los primeros seis meses de Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El contexto es adverso, advierten: hay un descontento creciente con la forma en que funciona la democracia en el país, debido al deterioro de las instituciones, además de una alta percepción de corrupción. El informe revela algunos retrocesos en la transparencia y la libertad de prensa, pero destaca una sustancial mejora en el clima de negocios.
Dentro de todo este panorama, además, está el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, que se agravó en las últimas semanas.
El 9-F encendió las alarmas de numerosas organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional y la oposición, que sigue siendo mayoría en el congreso. La irrupción de Bukele, acuerpado de agentes de seguridad y militares para discutir la aprobación de $109 millones para su plan de seguridad, "debe ser investigada", aseguró Castro.
La Fiscalía General de la República "debe llevar a cabo una investigación que determine quiénes habrán podido infringir la ley", consideró; pero también "pueden llevarse a cabo otros controles".
"Se conocen ya solicitudes de interpelación en la Asamblea Legislativa. La Asamblea podrá determinar también en su seno si se incurrió en alguna violación y recomendar destituciones", afirmó.
El FMLN es, hasta ahora, el único partido que solicita la interpelación del ministro de la Defensa, René Merino; el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas; y al director de la Policía, Mauricio Arriaza. Arena aún estudia si apoyará la moción, que sigue sin ingresar al pleno.
Una vez la FGR y la Sala de lo Constitucional determinen "el cometimiento de delitos contra el orden constitucional", asegura Castro, "tendrán que determinarse responsabilidades de las personas que participaron y dieron las órdenes".
"Estamos hablando de la intervención de la Fuerza Armada, de la Policía y de jefes de seguridad. Todas estas personas deberán investigarse, dentro de las garantías de no repetición de este tipo de delitos", agregó.