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La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, justificó este lunes ante la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, el veto del presidente Nayib Bukele al decreto para reformar la Ley de la Carrera Docente y beneficiar a maestros que renuncien voluntariamente con una compensación de 15 salarios.

Argumentó que uno los aspectos en los que el mandatario basó su decisión fue el incumplimiento de la reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, ya que el Ministerio de Hacienda informó al Presidente que no fueron consultados por la Asamblea Legislativa sobre la factibilidad financiera de la misma.

Sostuvo que el déficit actual del Ministerio de Educación es de $25.5 millones, ya que desde el año 2017 cuando se aprobó un decreto de retiro a 1,104 maestros, se viene contratando a docentes interinos y pagándoles con fondos del presupuesto asignado a la cartera de Estado.

Según la ministra, de haber sido aprobado este decreto se hubiesen necesitado más de $40 millones para el ejercicio fiscal del año 2020, recursos que Hacienda no dispone, aseguró.

"Si el señor Presidente no hubiese vetado el decreto 366 y de acuerdo a las proyecciones del ministerio, asumimos o asumiendo que los 2,750 docentes que se encuentran pensionados y laborando, si estos 2,750 renunciaran voluntariamente; el costo aproximado sería de 40 millones de dólares y la necesidad de interinos que este retiro generaría rondaría los 22.21 millones de dólares, ya que el financiamiento de docentes que se retirarían con 15 salarios se realizaría por falta de fondos a cargo de su misma partida; así comos se había hecho antes", indicó.

Afirmó que la dignificación de los maestros es una prioridad para el gobierno de Bukele, pero que este decreto "no es sostenible ni financiera ni institucionalmente".

"Este tipo de prácticas lejos de beneficiar a los docentes los coloca en situaciones de inseguridad y poca estabilidad laboral, además de reducir la posibilidad de ofrecer una educación de calidad a nuestros niños. Esta forma de resolver los problemas, debilita la institucionalidad generando conflictos y frustración al interior de los centros educativos (...) al vetar el decreto 366, el señor presidente no se opone a mejorar las condiciones de los docentes, todo lo contrario, se opone a hacerlo de forma irresponsable evitando continuar con la cultura del parche que tanto daño le ha hecho a las instituciones salvadoreñas", manifestó.

Por su parte, los diputados de la Comisión de Cultura y Educación acordaron convocar al ministro de Hacienda a próxima plenaria para que dé su postura sobre el tema, al mismo tiempo que mostraron disposición en superar el veto del Presidente.