México sufrió la presión de Donald Trump como nunca lo había hecho antes. El mandatario, quien además es su principal socio comercial, lo amenazó con imponer aranceles escalonados a todos los productos mexicanos si no frenaba la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos.
El acuerdo alcanzado por ambos para evitar los impuestos afirma que: “Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo”.
De inmediato surgieron preguntas: ¿Dónde esperarán? ¿Cuánto tiempo esperarán? ¿Qué harán las cortes de inmigración de EE.UU., que a finales de abril tenían 892,517 casos acumulados y solo 414 jueves se hallaban en servicio?
“No hay infraestructura ni recursos para atender a los miles de migrantes que han huido de sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, dice Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México.
“Y México no es un país que puede garantizar la seguridad de todos ellos, ni siquiera para todos los mexicanos”, agregó.
Por otra parte, el atasco en las cortes de inmigración es, quizás, todavía más grave que la crisis que se vive en la frontera.
A los 892,517 acumulados a finales de abril habrá que sumar otros 350,000 casos que habían sido cerrados Administrativamente en los últimos 20 años, pero que el exfiscal general, Jeff Sessions, ordenó reabrirlos como parte de la política de tolerancia cero.
Si se toma como base la acumulación registrada el 30 de abril pasado, los 424 jueces activos tendrían a resolver un promedio de 2,105 casos cada uno.