La Fiscalía dice que auditores permitieron que se sustrajeran $161,941,532 del caso El Chaparral. / DEM


Los dos auditores procesados por incumplimiento de deberes y actos arbitrarios en el caso de la presa El Chaparral durante la administración de Mauricio Funes aún siguen contratados por la Corte de Cuentas de la República.

La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, confirmó que los empleados Wilfredo Aguilar Montesinos, director ad honorem de Auditoría Cuatro; y José Isidro Cruz, coordinador de Auditoría de la Corte de Cuentas, quedarán en libertad hoy bajo fianza y continuarán en la institución mientras los magistrados no los destituyan.

“Como Corte de Cuentas se mandó, se abrió expediente para investigarlos, todavía la Dirección Jurídica no nos ha dado informe, que nos permita como titulares tomar la decisión de acuerdo a los resultados que arroje”, expresó.

La titular de la Corte dijo que mientras no tengan ese informe no pueden tomar una decisión. “Las decisiones respecto al personal son colegiadas, somos los tres quienes tendríamos que determinar si va a haber una sanción administrativa, una posible destitución”, sostuvo.

Según la funcionaria, en la institución hay muchos “comprometidos con el trabajo de la fiscalización” y en este caso, dijo, “han sido íntegros en cuanto a su actuar porque han expresado lo que ellos consideran ha sido una irregularidad y es lo que se va a probar en los tribunales correspondientes”. Rivas aclaró que su trabajo “solamente es declara la caducidad y abrir expediente”.

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El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó el pasado viernes que ambos auditores sean procesados en libertad, y se les impuso medidas alternas a la detención como: portar brazalete electrónico y pagar una fianza de $2,000.

La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó el lunes 17 de febrero la captura de los dos colaboradores de la CCR, por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, omitiendo irregularidades detectadas en auditorías sobre la construcción de la presa, valiéndose de sus cargos.

Los dos auditores son señalados de haber desvanecido cuatro hallazgos sin tener ningún fundamento técnico y legal, lo cual permitió la sustracción de las arcas del Estado de $161,941,532, en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral, entre el 5 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011.