Una auditoría pedida por el Barcelona concluye que "no se encargó ninguna campaña difamatoria contra nadie", tras acusaciones de que el club utilizara a una empresa para influir en las redes sociales para presuntamente desprestigiar a oponentes de la junta directiva y mejorar la imagen de esta.

Las conclusiones de la auditora Price Waterhouse Coopers "son que, en la contratación por parte del club de diversos servicios relativos a la monitorización y análisis de redes, no se encargó ninguna campaña difamatoria contra nadie, y que no existió conducta corrupta alguna", afirmó este lunes el portavoz de club, Josep Vives, en una rueda de prensa tras la reunión de la junta directiva.

El informe se había encargado tras el estallido en febrero del conocido como 'Barçagate' que consistió en la presunta utilización de la empresa I3Ventures para supuestamente desprestigiar a oponentes a la junta directiva y mejorar la imagen de esta.

Según la radio Cadena Ser, que destapó este escándalo, se crearon unos perfiles que también cargaron contra jugadores como Leo Messi o Gerard Piqué, o antiguos futbolistas como Xavi Hernández o Carles Puyol.

"La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así", decía Messi sobre este asunto en una entrevista con Mundo Deportivo en febrero, instando a esperar a la resolución del caso.

Pago fraccionado

La Ser informó entonces que el Barça habría pagado un millón de euros por esos servicios, que se habrían fraccionado en diversos pagos para no pasar controles financieros internos.

Ya en esos momentos, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, rechazó esas acusaciones, afirmando que esa empresa sólo hacía trabajos de monitoreo de internet para el Barça, club que también negó que se inflara el precio y que hubiera podido producirse algún tipo de corrupción.

Este lunes, la auditoría "concluye que el valor de los servicios objeto del proyecto contratado estaban dentro de un rango de precio de mercado", añadió Vives.

Según el informe, "un precio comparativo de referencia anual de estos servicios, se encontraría en un rango comprendido entre los 1.300.000 y los 850.000 euros (entre 1,4 millones y 961.965 dólares)".

La auditoría precisa que "en la temporada 2017/2018 se firmaron 6 contratos por un importe total anual de 1.107.500 euros, y en las siguientes dos temporadas, se firmaron 5 contratos por temporada, por un importe total de 947.700 euros".

'Mano en la caja'

"El informe no dice que todo se haya hecho bien, que la gestión sea impecable, pero dice que no ha habido difamación", insistió Vives, por lo que el club tomará medidas para mejorar sus protocoles internos en la tramitación de "proyectos estratégicos y confidenciales".

El responsable de los servicios jurídicos del Barça, Román Gómez Pontí, aseguró, además, que el hecho de fraccionar el pago no tenía "ningún ánimo de esconder nada" sino que tenía un "objetivo organizativo financiero".

En abril, varios directivos del Barça dimitieron por diferencias con la gestión del presidente Bartomeu, mostrando su "desencanto" por el denominado 'Barçagate' y uno de ellos, el expresidente Emili Rousaud, llegó a sugerir que "alguien ha metido la mano en la caja".

El Barcelona rechazó estas acusaciones de corrupción y anunció acciones legales, en las que se reafirmó este lunes animando a sus servicios jurídicos a "continuar y, en su caso, a interponer las acciones penales oportunas contra quien haya formulado acusaciones falsas e infundadas, que han perjudicado gravemente a la imagen de la institución".

"Difícilmente se nos podrá restaurar este daño reputacional, pero debemos aspirar a eso", dijo Vives antes los medios, antes de concluir que el Barça "seguirá monitoreando las redes sociales (...) porque debe proteger la marca".