La difusa información publicada sobre el evento revela: seis personas fallecidas y un desaparecido, 1850 damnificados -alojados en 17 albergues- con distintos niveles de afectación; 138 deslizamientos, 115 tramos de calle y carreteras dañadas sin especificar el grado del deterioro, 40 escuelas perjudicadas, de las cuales 20 están inhabilitadas; ocho cárcavas y cuatro hundimientos, 41 viviendas entre afectadas y destruidas, daño a infraestructura comunitaria y 117 árboles caídos; pérdidas de enseres domésticos pertenecientes a familias pobres por las inundaciones, así como 183,000 quintales de frijol -que correspondería al 10 % de la cosecha postrera-. Aún hace falta profundizar información sobre los estragos en otras cosechas, así como otras actividades productivas y de servicios.
En cuanto a la capacidad de respuesta institucional, aunque algunos titulares mostraron diligencia acudiendo desde el inicio a los territorios afectados, fue notoria y muy criticada: la falta de coordinación entre carteras de Estado, la lenta reacción del Mined en declarar la suspensión de clases y las fallas del Ministerio de Gobernación -convocante oficial- por el retraso en la activación de algunas comisiones de protección civil departamentales, generando una tardía respuesta. Ha sido insuficiente y poco sistemática la disposición de información sobre los estragos causados por el fenómeno. Además, ha sido muy señalada la ausencia del presidente Bukele durante la crisis, del que no se tuvo certeza de su paradero durante la emergencia, actitud comparada con la negligente ausencia de anteriores mandatarios.
Este breve pero trágico evento climático, nuevamente pone al descubierto la atención sistemática que amerita la vulnerabilidad del país. Durante los gobiernos del Frente se identificaron un total de 978 puntos vulnerables, en su mayoría cárcavas, sobre los que se ejecutaron 836 obras de protección. Ese arduo trabajo produjo el reconocimiento de Naciones Unidas que mejoró la calificación del país en 11 posiciones, después de sobrellevar por años la pesada carga de ser el más vulnerable del mundo.
Paralelamente, el Índice Global de Riesgo Climático -Germanwatch- nos galardonó ubicándonos en la posición 16, en reconocimiento a la implementación del modelo de gestión estratégica del riesgo, desde la Dirección de Adaptación al Cambio Climático del MOP; desarrollando la cultura de prevención de desastres, en contraposición del tradicional modelo reactivo.
Nuestro país amerita un trabajo perseverante, que dé continuidad hasta superar las 382 cárcavas y laderas inestables identificadas en 37 zonas del territorio nacional. La trágica condición en la que se encuentran 250 familias de la Residencial Santa Lucía, en el municipio de Ilopango, solo es una muestra de la gravedad de este problema estructural, en el que coincide la falta de controles y vigilancia institucional sobre el estricto cumplimiento de normas en la construcción de viviendas -sobre todo de interés social- y la inescrupulosa voracidad de algunas de las empresas constructoras. Siempre es sospechosa la “negligencia” institucional al autorizar la construcción de viviendas en lugares inapropiados, sin normas de calidad, sin considerar el riesgo geológico o por la consabida falta de abastecimiento de agua potable.
Es imprescindible generar mayor información, conocimiento, conciencia y organización en la población para enfrentar los riesgos que entraña el cambio climático y la vulnerabilidad que nos caracteriza. Toda obra de infraestructura para mitigar el riesgo en zonas de cárcavas, deslaves o hundimientos, requiere mantenimiento, supervisión y vigilancia constantes. Son graves los efectos por la deforestación, vertimiento de desechos sólidos en quebradas y ríos, así como la falta de control sobre la explotación cometida en la extracción de materiales pétreos del lecho de los cauces. Por lo tanto, urge en este ámbito un trabajo articulado entre comunidades, oenegés, municipalidades e instituciones de gobierno. Hasta hoy, buena parte del peso en la atención y gestión del riesgo y emergencias recae sobre las instituciones de socorro público, entre ellas: Comandos de Salvamento, Cruz Roja y Cruz Verde, tradicionales organizaciones de voluntarios que se han convertido en uno de los pilares y engranajes más importantes para enfrentar la vulnerabilidad y emergencias. Es necesario que en la discusión legislativa del presupuesto se considere suministrar a esas instituciones y al Cuerpo de Bomberos un mayor aporte para fortalecer sus capacidades de respuesta.