La ley plantea un proceso para la definición de tarifas, actualmente definidas por la Entidad de Gestión Colectiva (EGC), representantes de los autores de obras artísticas, lo cual evitaría cobros en lugares públicos como hoteles, centros comerciales, por la explotación de derechos de autor y conexos.
Sin embargo, el presidente de la República observó que algunos términos de la reforma eran ambiguos o demasiado amplios.
También observó que el procedimiento para aprobar las tarifas es demasiado burocrático y engorroso por la amplitud de plazos.
Los diputados aceptaron la mayor parte de las observaciones del Presidente, excepto la planteada en el artículo 90, la cual consideraron “inaceptable”, dado que en dicha reforma se establecen criterios para indemnización por daños y perjuicios en un proceso.
La normativa también regula las controversias sobre derechos de autor y conexos entre las EGC y los usuarios.