La gremial se suma al llamado de economistas y tanques de pensamiento, como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), que consideran que sólo a través de un stand-by se podría ordenar las finanzas públicas.
Para Raúl Cardenal, presidente de Abansa, se debe buscar eficiencia en el gasto público y mantener la deuda en una trayectoria de sostenibilidad. En tanto que desde la gremial se considera “que lograr un acuerdo con el FMI se contribuiría a generar confianza entre inversionistas locales y del exterior”.
Un acuerdo con el FMI también “daría predictibilidad a la política fiscal de mediano plazo, contribuiría a mejorar la calificación de riesgo soberano e impulsaría la reactivación económica”, indicó.
El Salvador logró un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario después de la crisis de 2009 por una garantía de $790 millones para un programa económico enfocado en acelerar la recuperación de la economía, reducir la pobreza, mantener la estabilidad financiera y asegurar la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, los compromisos asumidos no se cumplieron y en 2012 se suprimió.
El escenario fiscal para El Salvador es retador pues se espera que la deuda pública supere el 90 % del Producto Interno Bruto (PIB), alejándose de la senda para llegar a una tendencia decreciente en 2030.