Aunque es innegable en que las cifras de homicidios han bajado sustancialmente en los últimos tres meses y eso es una buena noticia, es necesario recordar otros temas pendientes sobre la inseguridad pública, para que no olvidemos que queda mucho por hacer.

Ayer me enteraba de una familia que está desesperada por irse del país. Una pandilla del municipio donde residen allanó su casa, los amenazó de muerte y les ha dicho que tienen hasta que pedirles permiso para recibir visitas. Es la historia de muchísimas familias salvadoreñas y esto tiene que ir cambiando también.

En otro caso, publicado por El Mundo, las amenazas de pandilleros a profesionales que integran los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos) básicos de San Martín han obligado al cierre de dos instalaciones y la reubicación de otra. Según el Foro Nacional de Salud, la situación no es diferente en San Salvador, donde hay personal que ha pedido traslado por la misma causa, generando que haya instalaciones funcionando sin el personal completo.

En otras palabras, las pandillas no solo afectan a ciudadanos comunes sino también el funcionamiento de instituciones del Estado que benefician a la misma población y también a transportistas y emprendedores. Intolerable.

Una unidad de transporte colectivo fue incendiada la mañana del lunes en Apopa, las autoridades sospechan que fueron pandilleros que castigaban al transportista por no pagar la extorsión. Igual le pasó a un joven chef que puso su negocio en el centro capitalino hasta que tuvo que cerrar por la extorsión. Son casos que nos demuestran que queda mucho trabajo por delante y que vale la pena seguir con el esfuerzo de recuperar el país convertido en un rehén de estos delincuentes.