La CIDH continuó entonces observando “detenidamente el desarrollo de los acontecimientos políticos”, con atención en lo referente “a su incidencia en la observancia y vigencia de los derechos humanos”. Pero, cuatro décadas y fichas después, los “ríos de leche y miel” siguen sin fluir; en su lugar y hasta la fecha, la sangre siguió corriendo y el hambre permaneció jodiendo a las mayorías populares guanacas que no encuentran más salida a esos males que‒lamentable y tristemente salir del país. No se trata de la película que Sam Peckinpah dirigió en 1972, pero se llama igual: “La huida”.
Entre otros asuntos, la primera Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG) instalada tras la asonada ordenó desmantelar Orden, ‒la nefasta “Organización Democrática Nacionalista”‒ y decretar una amnistía general para liberar a las personas detenidas por motivos políticos. Por cierto, esta última sí era legítima y legalmente válida; no como la amnistía que actualmente pretenden aprobar en la guarida donde se empeñan en seguir protegiendo criminales.
Esa JRG ‒hubo dos más también abordó lo relativo al retorno del exilio, al buen desempeño “de las entidades políticas y laborales”, al impulso de una “reforma agraria significativa” para lograr una “equitativa distribución de la riqueza y de la tierra”, a una reforma financiera “que incluyera la nacionalización de la banca” y a una “empresa privada en favor de los intereses del país”.
“Inocente pobre amigo”, cantó en esos días Juan Gabriel; aunque no lo hizo pensando en El Salvador, a este le quedaba como anillo al dedo. Las mencionadas intenciones y otras más, buenas por mucho, ojalá se hubieran concretado; pero no, se cayeron en pedazos luego‒muy luego a puros balazos y demás desmanes. Igual se cayó la citada JRG a principios de enero de 1980 con todo y sus ministros, exceptuando el de Defensa y Seguridad Pública. Entonces, los “tambores de guerra” sonaban cada vez más fuerte hasta que ‒tras 12 meses pavorosos la confrontación bélica inició el 10 de enero de 1981.
Para pararla, los bandos enfrentados acordaron impulsar “un proceso irreversible, corto, dinámico y de duración predeterminada”; el cese del enfrentamiento armado se ejecutó, entonces, del 1 de febrero al 31 de octubre de 1992. Así terminaron los combates entre sus dos ejércitos, pero la muerte siguió paseándose campante por el territorio nacional adonde se encuentra hoy ‒de nuevo‒ la CIDH por sexta ocasión. Eso es algo que agrada y alienta. Sepa que es bienvenida. Lástima que siempre encuentre un país bastante complicado, sobre todo y precisamente por los males ya mencionados‒hambre y sangre a los que se suma la impunidad para hacer insoportable la existencia de las mayorías populares.
La causa que propició su primera observación presencial fue la guerra con Honduras, hace 50 años. La segunda ya la comentamos; después vino dos veces más: en 1986 y 1987, cuando la guerra estaba en lo mejor. Le siguió OTRA compartida con Guatemala en el 2004, para conocer la situación de la niñez y la adolescencia vinculadas con maras, así como la de las personas privadas de libertad. Ahora, igual que siempre, encontrará un país complicado en lo concerniente al respeto de los derechos humanos. Por eso, los principales temas que abordará con víctimas, organizaciones sociales y autoridades estatales serán seguridad y‒de nuevo personas privadas de libertad, mujeres y población LGBTI, y migración y desplazamiento forzado.
También se abordará lo relativo a memoria, verdad y justicia en medio de un estira y afloje en lo que toca a una pretendida “reconciliación nacional” que ‒entendámoslo de una vez por todas‒no se consigue con una ley sino con la suma de las voluntades de quienes realmente asumen la dignidad humana como el gran desafío para avanzar en tal sentido. De ahí se deben derivar normativas y otras iniciativas necesarias, como la apertura de archivos de uno y otro bando. Pero más que “voluntad política”, se requiere algo que hasta ahora no mostraron ninguno de éstos durante su paso por el Ejecutivo: VALENTÍA, así con mayúsculas, para tocar lo hasta ahora intocable. ¿La tendrá el actual Gobierno o será más de lo mismo?