La ex titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Blanca Coto, ha negado que durante su gestión El Salvador haya votado a favor para que los consumidores finales paguen a través de la factura eléctrica una deuda de $3.5 millones que la institución tiene con la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), entidad que regula el mercado eléctrico centroamericano.

A través de un comunicado, Coto ha rechazado los señalamientos hechos por el actual superintendente, Manuel Aguilar, quien aseguró que “gracias a las terribles actuaciones de la administración anterior” los salvadoreños tendrán que pagar esa deuda a partir de octubre. Además, dijo que ella avaló en diciembre pasado dicha deuda, a la vez, indicó que harán lo posible para "revertir" dicha decisión.

“El Salvador en su representación ante CRIE siempre votó en favor de la población salvadoreña y apegada a lo establecido en la Legislación Regional del Mercado Eléctrico, y el marco legal vigente, buscando cumplir sus fines, objetivos, garantizando la calidad y seguridad operativa en el sistema eléctrica regional”, señala Coto en una parte del comunicado.

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Entre abril y junio de 2017, la Comisión Regional creó entre abril y junio de 2017 la Cuenta General de Compensación (CGC) para agrupar los bonos y cargos que utilizan los países centroamericanos en disminuir los cargos complementarios por el uso de la red de transmisión regional. En busca de evitar que la nueva cuenta regional tuviera déficit económico, la CRIE aprobó en diciembre de 2018 la creación del Cargo de Restricciones Nacionales (CARN), un instrumento que acumularía los montos de compensación, por cada país, al mercado eléctrico entre el 24 de diciembre de 2018 hasta junio de 2019.

Sin embargo, el recién creado cargo “tenía el inconveniente” de que no se estableció el proceso de cálculo y, en consecuencia, “no se podía estimar el impacto económico" en cada uno de los países interconectados desde su creación, aseguró la Siget.

Al respecto, Coto explica que en mayo de 2019 se aprobó, finalmente, la resolución que establecía el procedimiento de la aplicación de los costos, decisión que no fue respaldada por El Salvador y en la que votó en contra, por segunda ocasión.

La exfuncionaria señala que el país reconoció el problema de sobrecostos y que debían pagarse, por ello, asegura, se instruyó al operador regional para determinar el procedimiento a seguir y se se hizo un llamado a los reguladores nacionales y operadores del sistema a "realizar las acciones correspondientes".

"Para resolver esta situación sin afectar al consumidor final, el regulador nacional debe adoptar los mecanismos para abordar el fondo del problema de las restricciones de importación y emitir la interfaz regulatoria nacional que traslade los sobrecostos a los agentes que al operar sus contratos firmes los ocasionaron en el Mercado Eléctrico Regional u otro mecanismo, pero que se evite afectar la economía de las familias salvadoreños", agrega.

La Siget debe cancelar ante la Comisión Regional un monto de $3.59 millones por el período de aplicación del 24 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019.