Hablando con empresarios y gremiales en estos días, hay un claro reconocimiento a que el nuevo gobierno está reduciendo la tramitología y aunque también admiten que queda mucho por hacer, hay signos positivo en ese sentido. El principal dolor de cabeza que sufrían los importadores y exportadores era la aduana. Había ridiculeces tales que un inspector demandaba, por ejemplo, un viaje a una planta de productos lácteos en una nación europea para poder autorizar la importación de leche en polvo. Otro quería una muestra de todos los quesos y embutidos europeos importados. Todo a costo del importador. Las nuevas autoridades han borrado ese tipo de arbitrariedades pero hay que estar vigilantes porque desgraciadamente son prácticas tan enquistadas que algunos empleados menores siguen con esas prácticas.
El año pasado, el Organismo de Mejora Regulatoria decía que realizar trámites en los 14 ministerios que componen el Ejecutivo representa cada año un costo económico social de $406.9 millones, equivalentes al 1.7 % del Producto Interno Bruto. Ese organismo llegó a identificar hasta mil trámites y 409 servicios requeridos, y muchas veces innecesarios.
Eso hacía que en El Salvador fuera 22 % más costoso abrir una empresa que en Nicaragua y 72 % más costoso que en Honduras, por ejemplo. Pero aún persisten detallitos.
Un abogado me comentaba esta semana que en ninguna ley está ese requisito tan común de “una copia del Dui al 150%”, pero Dios guarde si usted no lo lleva, se queda sin hacer el trámite.