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El presidente salvadoreño Nayib Bukele acusó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de tener como jefes a los diputados que los eligieron.
"Se refieren a la legislación creada por sus jefes", señaló, señalando expresamente a los diputados Norman Quijano, Nidia Díaz, Carlos Reyes, Rodolfo Parker y Carlos García Ruiz.
"Ahí están sus jefes, ellos no fueron electos por el pueblo... Ellos lo que quieren es que negociemos con Norman, Parker, con sus jefes", expresó hoy en cadena nacional.
El mandatario se quejó de la resolución de la Sala de lo Constitucional del 7 de agosto establezca que el Ejecutivo no puede limitar derechos, como restringir la capacidad de las unidades de transporte.
"Nos quitaron la facultad de suspender derechos, se la dieron a la Asamblea Legislativa", afirmó. Añadió que el Código de Salud "ya reguló" cómo están facultados a regular limitaciones.
"El Ministerio de Salud sí puede normar", expresó, citando los artículos en donde esta cartera de Estado puede ordenar aislamientos de personas que puedan diseminar gérmenes.
El Presidente aseguró que el Gobierno no puede ir a discutir 10 días a la Asamblea Legislativa para establecer medidas contra la pandemia del covid-19.
Añadió que el Ministerio de Salud tiene las facultades de acuerdo al Código de Salud, señalando que no hay ley que negociar con la Asamblea Legislativa.
"Dictar las medidas necesarias, no ir a negociar, no ir a pedir cacao... ¿Está claro o no está claro? Hay un terremoto, ¿qué vamos a hacer? ¿a negociar legislación?", expresó.
Pidió a los ""salalievers" ir a buscar qué significa "entidad rectora", al leer la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud.
La Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional el decreto ejecutivo 32 porque el Ministerio de Salud invade funciones legislativas, al suspender derechos constitucionales como la libertad de circulación y derecho al trabajo. La Sala, sin embargo, moduló la aplicación dejando vigentes los efectos del decretos hasta el 23 de agosto.
El decreto 32 regulaba las fases de reapertura económica, finalizando la primera fase el 20 de agosto. En reacción, el Ejecutivo reformó el decreto declarado inconstitucional postergando la fase 1 hasta el 23 de agosto.