“Vamos a dar con los que se robaron ese dinero, entre ellos el expresidente Funes y su ahora esposa, y vamos a hacer que nos lo devuelvan”, anunció. Calificó la obra inconclusa como “el monumento a la corrupción” de los antiguos gobiernos, debido a que costará al Estado $759.41 millones, “cuatro veces más que su valor inicial”.
El gobernante salvadoreño dijo que le daban “ganas” de “poner trozos de dinamita y demoler” el proyecto, pero el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) advirtió que caería en default por el préstamo y en incumplimiento con 28 contratistas.
El proyecto inició en 2008 en la administración del expresidente Antonio Elías Saca. La inversión inicial fue $207.8 millones, ”un monto demasiado alto y absurdo”, manifestó.
En 2012, el Estado pagó $108.5 millones más a la empresa italiana Astaldi pese a que abandonó la construcción. La Fiscalía acusa a Funes de recibir $3.5 millones en dádivas de esta empresa. En la administración de Salvador Sánchez Cerén, el costo subió a $300 millones.