El presidente Nayib Bukele prevé que la Fiscalía investigará únicamente casos de bajo perfil. Foto: AFP


El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó hoy la polémica Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional aprobada el miércoles por diputados de Arena, PCN y PDC, tildando la normativa de ser una burla y una infamia, además de asquerosa.

“Esta ley tuvo su fin el día de hoy. Ahora entran en desacato, otro desacato más, imagino que pedirán una prórroga (…) Emitimos un veto sustentado de muchas páginas (…) No puedo ser cómplice de una ley inconstitucional”, anunció en conferencia de prensa.

Bukele señaló que muchos diputados temen por ellos mismos así como por sus “patrocinadores” de Arena y también señaló que saldrían afectados dirigentes como el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz: “El secretario general del FMLN está acusado de crímenes de lesa humanidad, hay otros comandantes con mucho poder que están acusados de crímenes de lesa humanidad”.

Tildó la normativa como “una ley tan asquerosa como la anterior pero le han puesto una gragea de chocolate”, la llamó “última infamia de la Asamblea Legislativa”.

El mandatario prevé que la Fiscalía investigará únicamente casos de bajo perfil. “Se van a juzgar los casos de los de abajo y a esos se les va a conmutar la pena por trabajo”, dijo.

Para Bukele, la normativa vetada dice que “paguen las futuras generaciones” las indemnizaciones por los crímenes de guerra. “Quiere decir que nuestros jóvenes y niños los van a pagar en edad productiva. Pero en este caso los criminales de guerra y los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad no tienen que pagar un solo centavo”, criticó. Señaló que la ley está muerta si el FMLN “no se quita la máscara” y se une a una superación del veto.

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El presidente hizo estas críticas a la normativa vetada:

Rompe con todos los manuales de las leyes de amnistía de acuerdo a la CIDH, Naciones Unidas y la sentencia del 2016.

Da la ley un plazo imposible de cumplir a la Fiscalía, ya que se presentarán miles de casos y la Fiscalía tendrá un plazo tan corto, de 12 meses, que podrán llevar apenas cinco casos.

No contempla ninguna indemnización pagada por un criminal, sino por el Estado.

Le dan a la Fiscalía sin criterio objetivo la cualidad de enviar el caso al archivo sin que pueda ser reabierto. Genera la prescriptibilidad de facto.

Una ley que viola convenios y los derechos de las víctimas, es una burla, una infamia cometidos por los diputados de la Asamblea Legislativa.

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