La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa inició ayer la discusión de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que subirá el monto que recibe la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) de sus concesiones a operadores privados, fondos que serían utilizados para garantizar el bloqueo de la señal telefónica en las cárceles.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía (Minec) solicitó la reforma a los artículos 31 y 85-B, para incrementar del 10 % al 15 % la retención de las concesiones del espectro radio eléctrico.

El titular de la Siget, Manuel Aguilar, explicó que el incremento “no afectará a la población” y será utilizado para “el monitoreo de señal de centros penales, seguridad en telecomunicaciones, y calidad” en el servicio.

En 2016, la Asamblea aprobó que la Siget tuviera derecho a retener un 50 % del monto resultante de las subastas para otorgar concesiones; y la mitad restante ingresara al Fondo General de la Nación. En junio de 2017, la administración anterior pidió un decreto transitorio para cambiar el manejo, destinando solo un 10 % para la Siget y el resto para el Fondo Proveniente de la Privatización de Antel (Fantel).

El diputado Rodolfo Martínez, del FMLN, reconoce que los fondos Fantel pagaron becas y parte del subsidio al gas en la administración anterior; y cuestiona que el Gobierno pida “reducir la flexibilidad” de los fondos al incluirlos en la ley. Sugirió respetar el transitorio, debido a que la empresa privada invertirá en compra de equipos. El funcionario recalcó que el bloqueo es efectivo en los 25 centros penitenciarios del país y, aunque los operadores “invertirán en la compra de sus propios equipos, es necesario que como Siget invirtamos también”.