La magistrada señaló que la Ley de la Corte de Cuentas actual no establece plazos fatales para exigir información, solo a través de normativas que “no tienen coercitividad”.
“Esta es una limitante que yo identifiqué y por eso incluí términos fatales para exigir esta documentación, estoy estableciendo incluso la imposición de multas al negar ese acceso a la información y hasta la posibilidad de hacerme acompañar de la fuerza pública para exigir que me den la información o entrar a una instalación”, explicó
Rivas señala que “puede haber un problema a nivel de mandos medios, aunque la presidencia esté abierta”, y exhortó a instituciones a entregar informes completos.