El proyecto del Tren del Pacífico fue una promesa de campaña del Gobierno. / DEM


Los esfuerzos del Gobierno por recuperar el ferrocarril y lanzar el Tren del Pacífico dejarían sin efecto un decreto aprobado en abril de este año para legalizar la vivienda de 9,714 familias que habitan sobre 80 kilómetros de vía férrea, de San Salvador al oriente del país, según un informe emitido por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

El lunes 30 de septiembre, el presidente de CEPA, Federico Ánliker, remitió una nota a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa en la cual calificó como “no oportuna” la transferencia de terrenos, explicando que algunos tramos son “estratégicos para los distintos proyectos ferroviarios” de la administración actual.

Los servicios ferroviarios comenzaron su decadencia en el conflicto armado, que afectó la movilidad económica en todo el país; y familias que huían de las montañas de Chalatenango, Morazán, y otros desplazados por la guerra encontraron su refugio en vagones abandonados, que pasaron a ser el hogar improvisado de miles de salvadoreños como Daisy Jandres, quien es integrante de la Mesa Nacional de la Línea Férrea.

“Había necesidad de vivienda y pasamos años con casas de lámina por la constante amenaza de ser desalojados”, recuerda Daisy, habitante de un tramo de la línea férrea entre Apopa y Ciudad Delgado. Ahora, el proyecto de rehabilitación del tren ha despertado temor entre habitantes que aún no cuentan con terrenos legalizados, indicó.

La “Ley especial para la desafectación y transferencia de terrenos ferroviarios en desuso y sin viabilidad ferroviaria”, aprobada en 2013, propició la entrega de títulos de propiedad a lo largo de unos 164 kilómetros de la línea férrea, aseguró Rocío Menjívar, diputada del FMLN.

Con el decreto 505 aprobado en abril, el Gobierno pediría a CEPA su aval para entregar otros 79.06 kilómetros en diferentes tramos de San Salvador hasta La Unión en donde habitan 9,714 familias.

“Muchos crecimos ahí, nos desarrollamos ahí, y ahora estamos arraigados a estas zonas. No queremos ser desplazados otra vez (...) hay más de 50,000 familias en toda la línea del tren y, si necesitamos movilizarnos, lo vamos a hacer”, dijo la representante de la Mesa de la Línea Férrea.

El diputado Jaime Sandoval, del FMLN, aseguró que se “viene a quitar la continuidad” del Gobierno anterior, pero el diputado David Reyes, de Arena, aseguró que el FMLN dio “falsas expectativas”. “CEPA es categórico en decir que no van a autorizarlo. El decreto establece que se legalizarían estas tierras con el previo consentimiento de CEPA y ahora ya no se va a poder”, recriminó.

CEPA debe proporcionar a la Asamblea un informe con una alternativa viable para la población en una semana.