Esto luego de que la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de ese municipio se declarara incompetente, por un decreto legislativo, el pasado mes de noviembre.
Los magistrados de la Cámara señalaron a los demandados un plazo de 20 días para responder las notificaciones enviadas y ratificaron las medidas cautelares que adoptó la Corte Suprema de Justicia, en 2016, donde inmovilizaron las cuentas de ahorrro, restringieron las transferencias de vehículos e hicieron anotaciones preventivas de los inmuebles, bajo propiedad de Martínez y su familia.
Los magistrados de la Corte en pleno ordenaron un juicio por enriquecimiento ilícito contra el exfiscal Martínez, debido a que no pudo justificar $486,213.80 ante la sección de Probidad.
Según Probidad, el exfiscal y su esposa entregaban sobres con dinero en efectivo a un empleado de la Fiscalía General de la República, que inició sus labores en diciembre de 2012; él trasladaba dinero en efectivo a las instalaciones de la fábrica Bolsas Desechables y Plásticos (Bodepa) en San Marcos, en donde el contador hacía pagos a las tarjetas de crédito.
Según el informe de Probidad, en cuatro tarjetas de crédito del exfiscal, su esposa e hijo se realizaron pagos por $384,632.49 durante su gestión, sin relación a retiros de cuentas bancarias personales ni de su grupo familiar, de las cuales logró desvanecer $15,774.78, que provienen de la Fiscalía en concepto de viáticos.
Probidad indica que no logró determinar el origen de la diferencia ($368,857.71), cantidad que en un informe posterior reduce a $361,285.00. Esta cantidad se suma a $125,408.80, que según Probidad no justificó de acuerdo a un primer informe del 7 de agosto de 2016.