El Ministerio de Medio Ambiente colocó en septiembre una riobarda en el río Grande de San Miguel. / DEM


La Cámara Ambiental de Segunda Instancia emitió recientemente una medida cautelar que ordena a tres ministros, alcaldes y otros funcionarios a ejecutar acciones debido a la contaminación del río Grande de San Miguel, que afecta directamente al suelo, agua, aire, paisaje y biodiversidad de los 45 municipios que atraviesa el arroyo.

Tras conocer un informe técnico por parte del equipo multidisciplinario de la Unidad Ambiental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Cámara emitió medidas cautelares anticipatorias, que ordenan la elaboración de un diagnóstico y plan de restauración de la cuenca hídrica, que incluya “la restauración de los componentes biofísicos, socioambientales y socioculturales de la cuenca hidrográfica, en un plazo de un año, y que las municipalidades involucradas en el cumplimiento de las medidas cautelares elaboren una ordenanza”, esta última debe establecer el manejo integral de los desechos sólidos, la reforestación y protección de los bosques, además de medidas para reducir la vulnerabilidad ante desbordamientos.

A través de la resolución, la cámara le ordena al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, que elabore un plan de restauración ambiental para el río Grande de San Miguel en un plazo de dos meses. A la ministra de Salud, Ana Orellana, le solicita que informe sobre cuáles las condiciones de saneamiento en las comunidades del cantón Salinas, en Usulután, que tienen relación con el afluente; mientras que al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, le ordena que ejecute trabajos en la comunidad El Encantado, de Puerto Parada, Usulután, que permitan el ingreso y salida de camiones “para la realización de las obras”.

La Cámara también le ordena a Frederick Benítez, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), que informe sobre el sistema de alcantarillado del área urbana de los municipios que se ubican en la cuenca del río Grande y el tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, requiere que la directora ejecutiva del Centro Nacional de Registros (CNR), Tanya Cortez, realice un análisis cartográfico del cauce del arroyo, “para identificar el tipo de alteración de la trayectoria del mismo”.

Además, ordena a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ampliar el monto destinado para el tratamiento de aguas residuales en el país e incluir una partida para la restauración de cuencas hidrográficas.

De acuerdo con el informe que conoció la Cámara, el afluente tiene una acumulación descomunal de desechos, en su mayoría plásticos, el agua es color café con sedimentos, desechos flotantes, en suspensión y alta turbidez, olor pútrido y los lugareños pescan en el río para su consumo.