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La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador rechazó este lunes, a través de un comunicado, los señalamientos de funcionarios públicos, de diversas instituciones y órganos del Estado, por la resolución que dejó en libertad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito agresión sexual en una menor e incapaz.

De acuerdo a la Cámara, las numerosas críticas -incluidos la del Presidente y Vicepresidente de la República- hechas el pasado fin de semana, constituyen una "violación a la independencia judicial y obstaculizan indebidamente su función judicial", aseguró el Tribunal.

La resolución causó la indignación de la población salvadoreña, sin embargo, la Cámara pidió a la ciudadanía esperar a que exista una decisión por escrito y debidamente notificada a las partes involucradas.

Asimismo, el Tribunal informó que darán un informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Relatoría para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas, de los hechos ocurridos desde el día de la de resolución, por considerar que éstos interfieren en la actividad judicial.

El presidente de la República, Nayib Bukele exigió el pasado sábado a la CSJ, una pronta acción en favor de los niños y niñas salvadoreños, al mismo tiempo que señaló tomar las medidas necesarias para que el caso no quedará en la "impunidad".



También, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna) exhortó a los involucrados, en el caso contra el magistrado, a actuar con la "mayor firmeza posible" para poder cumplir con lo establecido en las leyes nacionales como internacionales.

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Ayer, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, manifestó estar en contra de la resolución y añadió que el que se diga que esos tocamientos no son nada "es una aberración jurídica gravísima".

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La Cámara liberó a Escalante, el pasado jueves, tras determinar que los hechos atribuidos por la Fiscalía General de la República (FGR), no constituyen delito y que se podría estar frente a una falta sancionado con multa de diez a 30 días.