Sigfrido Reyes tiene un proceso penal por lavado de dinero, pero él vive asilado en México.


La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador rechazó la abundante prueba que los defensores presentaron para desvanecer la acusación, que Fiscalía formuló en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y su grupo familiar por enriquecimiento ilícito por más de $472,000.

Los magistrados fundamentaron su decisión en la impertinencia y la falta de utilidad de los documentos en el proceso civil, en tanto, algunas pruebas no se ofrecieron en el momento oportuno del proceso.

Algunas de las pruebas que no le fueron admitidas a la defensa tienen que ver con resoluciones patrimoniales de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de otros exfuncionarios exonerados de cargos por enriquecimiento ilícito y que, a juicio de los abogados, guardan similitud en el proceso de enriquecimiento ilícito que se sigue a Reyes y su grupo familiar.

También le fue denegada la declaración sobre el Impuesto Sobre la Renta de su hijo Luis Damián Reyes para el periodo 2013, por no haber sido incorporado en el transcurso del proceso; de igual forma reportes de cheques del contador general del FMLN, el segundo informe del 5 de enero de 2018 respecto a cheques que se identifican, copia certificada del contrato de mutuo hipotecario, copia certificada del secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

Lo admitido


Una de las pruebas admitida a la defensa fue la pericia de auditoría realizada por un equipo de profesionales independiente por reunir todos los requisitos de idoneidad, utilidad y pertinencia, establecieron los jueces.

Sin embargo, la Cámara rechazó todas las adiciones, modificaciones o impugnaciones vertidas durante la audiencia por no guardar congruencia con lo establecido en el escrito de contestación de la demanda.

Los abogados de Reyes aseguraron que en ese informe se estableció la inexistencia de enriquecimiento ilícito del exfuncionario y su familia, y que todos los pagos de viáticos que recibió por parte de la Asamblea Legislativa estuvieron apegados a la ley, “constituyendo un avance importante para el esclarecimiento de los hechos”.

En cuanto a la Fiscalía, la Cámara admitió toda la prueba ofertada. “Se admite todos los medios de prueba instrumental y pericial ofertados por la parte demandante (Fiscalía) por reunir todos los requisitos de idoneidad, utilidad y pertinencia”, afirman los magistrados en su resolución.

Falta


Los magistrados de la Cámara Segunda de lo Civil dejaron claro que a Fiscalía todavía le queda pendiente de presentar la certificación de escritura de constitución de la Sociedad Terrenos e Inversiones, (TERREIN, SA de C.V.) y en tal requisito, los magistrados advierten que, si dicha prueba no se incorpora al proceso de forma oportuna, deberá prescindirse de ella en la fase final del juicio.

Los jueces aclaran que la admisión de los medios probatorios, tanto a Fiscalía como a la defensa, no implica el resultado del proceso, porque este será el resultado del análisis y la sana crítica en conjunto de todas las pruebas aportadas al mismo por ambas partes para ser valoradas y emitir una sentencia.

Para que Fiscalía cumpla con la prueba pericial ofertada y admitida por el tribunal, la Cámara envió oficios a la Corte de Cuentas y al Ministerio de Hacienda para que en 10 días hábiles proporcione un listado de peritos con las credenciales suficientes para realizar el peritaje contable ofertado por la parte fiscal.

La audiencia preparatoria quedó programada para el 4 y 5 de febrero del año entrante, al que además del expresidente será procesado su esposa Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández y Luis Damián Reyes Rodríguez “por lo que quedan debidamente citado por sus abogados”.

Algunas pruebas rechazadas por la Cámara

  1. Reporte de cheques emitido por el contador general del FMLN, el segundo informe del 5 de enero de 2018, respecto a los cheques que se identifican.

  2. Copia certificada por el secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa por no haber sido ofertado.

  3. Resolución por enriquecimiento ilícito de Ana Vilma de Escobar, Carlos Alberto Rivas, Guillermo Antonio Gallegos, Carlos Cáceres, Levis Itamir Orellana, entre otros.

  4. Versiones taquigráficas de la discusión y la aprobación de la Constitución de 1983.

  5. Certificaciones de documentos personales y tributarios del exdiputado Sigfrido Reyes y su grupo familiar.