El oficial de información es nombrado por el titular de cada entidad respectiva y es el encargado de recabar, difundir la información pública y oficiosa, propiciar que las entidades responsables actualicen la información periódicamente y resolver las solicitudes de información de los ciudadanos.
El IAIP informó que desconoce si los cambios notificados por las instituciones públicas son despidos, traslados o renuncias.
La Presidencia de la República y cuatro ministerios del Órgano Ejecutivo (Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Defensa y Educación) cambiaron sus oficiales de información. También cambiaron en descentralizadas cuyo nombramiento de titular lo hace la Presidencia de la República, como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
Han cambiado en el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
Se cambió oficial en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), descentralizada cuyo titular es nombrado por el Ministerio de Economía; y en el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem), cuyos tres directores nombrado por ministerios de Gobernación, Obras Públicas y Relaciones Exteriores, y cinco que provienen de las alcaldías, con sus respectivos suplentes.
En el caso Isdem, la oficial de información fue promovida como asesora jurídica, según fuentes de la institución.
El Tribunal de Servicio Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sufrieron modificación; no dependen de la Presidencia; así como también el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna), cuyo titular es nombrado por su Consejo Directivo.
Una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de junio de 2019, permite que el secretario jurídico de la Presidencia coordine las unidades de acceso a la información pública “para garantizar la transparencia en la gestión gubernamental”, de acuerdo al artículo 53-I.
