El candidato Óscar Campos fue cuestionado por su independencia para el cargo. / DEM
Oscar Campos confirmó que renunció a su candidatura a comisionado propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en representación del sector de universidades. Aseguró que la decisión fue en consenso con las autoridades de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) quienes lo habían propuesto.
Con su renuncia solo quedaron dos aspirantes para una elección que había sido programada para este viernes. El Ministerio de Educación no informó de una nueva convocatoria.
“Nos hemos reunido con las autoridades de la universidad y se ha hecho el análisis de la coyuntura. Entonces, se ha tomado la decisión que, por la pandemia, por la coyuntura política, la polarización que hay, los ataques sufridos a mi persona por parte de las organizaciones de la sociedad civil y por mantener siempre el prestigio de la universidad, hemos decidido en conjunto retirar la candidatura”, confirmó Campos, a través de una llamada telefónica.
Previo a la llamada, Campos publicó en Twitter que agradecía a la universidad por la oportunidad que le había dado de ser candidato y que “en otro momento en que la coyuntura por la emergencia y la guerra sucia lo permitan” seguirá “aportando en la lucha contra la corrupción”.
Campos señaló que las organizaciones de la sociedad civil se limitaron a “atacarlo”, pero nunca consideraron su conocimiento en acceso a la información pública ni su trayectoria profesional.
La elección del próximo comisionado del IAIP podría cambiar la correlación o aritmética de votación, lo cual podría modificar las decisiones sobre las reservas que se dictan en la información pública reclamada por los ciudadanos.
Organizaciones
Campos declinó a su candidatura después de que un grupo de organizaciones de la sociedad civil, incluido El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, pidieran que la comisión convocante del Ministerio de Educación programara una nueva elección de candidatos.
La asamblea de universidades debe elegir una terna –tres aspirantes– para que el Presidente de la República seleccione a uno.
Las organizaciones señalaron conflicto de intereses de Campos por ser empleado del Gobierno central ya que desde octubre de 2019 es el coordinador de Programas Territoriales de la dirección de proyectos especiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
A ello, argumentaron que la comisión convocante del Ministerio de Educación amplió el periodo de inscripción de candidatos de manera irregular, permitiendo la inscripción de Campos, ya que tenía que cerrar la convocatoria con los dos candidatos inscritos y convocar a una nueva elección.