La Subcomisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó el 26 de agosto a José Apolonio Tobar Serrano para el cargo de procurador de derechos humanos. / Diego García


El candidato a procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, aparece como donante del partido FMLN en 2016, según documentación del Ministerio de Hacienda.

Un formulario F-960V2 que el FMLN presentó en el Ministerio de Hacienda, el 29 de abril de 2016, revela que Tobar Serrano donó $192.32 al entonces partido en el Gobierno; un reporte de Hacienda de todo 2016 suma una donación de $1,730.88 al FMLN por parte del aspirante a la PDDH.

Una fuente política afirmó que Tobar Serrano es un candidato que el FMLN está buscando apoyar para que sea electo procurador de derechos humanos para el periodo 2019-2022.

Tobar Serrano, señaló la fuente, se reunió recientemente con varios diputados del FMLN en la sede de la Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia (Unajud) para la promoción de su candidatura.

Tobar Serrano es juez propietario del Juzgado de lo Civil en San Vicente desde 2018 y fue juez interino en el Juzgado de los Civil de Cojutepeque 2016 a 2018. Él fue entrevistado para el cargo de procurador de derechos humanos el pasado 26 de agosto por los diputados de la Subcomisión Política encargados de evaluar a los 24 candidatos a la PDDH.

En esa entrevista, Tobar Serrano contó que fue beneficiario de una beca otorgada por el Gobierno español en la administración del socialista José Luis Zapatero; sin embargo, negó haber representado a un partido político.

“No representé a ninguna fracción política, ni a ninguna juventud política, ese fue un logro que obtuvimos junto a otro amigo que también participamos por méritos particulares”, respondió en esa oportunidad.

A la salida de la entrevista, un equipo de este medio de comunicación preguntó si estaba afiliado y si donó al FMLN. Un registro de donantes de 2006 a 2018 consultado por Diario El Mundo deja ver que Tobar Serrano dio $1,730.88 al partido en el año 2016. “He presentado una constancia emitida por el Tribunal Supremo Electoral en el que no tengo vinculación partidaria”, fue su respuesta.

La jurisprudencia que dejó la Sala de lo Constitucional 2009-2018 establece que la Asamblea Legislativa debe documentar la no afiliación material o material de un funcionario de segundo grado antes de asumir el cargo, quien debe responder a los intereses de la ciudadanía.