Además de ella, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, informó a las 10:28 de la noche que habían otros nueve capturados por este caso. Más temprano, el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, informó del operativo de captura y señaló que el exdiputado Reyes salió del país el año pasado.
Esta información fue confirmada por el fiscal general, Raúl Melara, quien en una llamada telefónica en un noticiero local confirmó que existe una orden de captura vigente contra Reyes Morales, por los delitos de lavado de dinero, estafa agravada y peculado. El fiscal Arriaza dijo que los delitos se investigaron en un periodo desde 2006 hasta 2019.
“Tenemos conocimiento que Sigfrido Reyes se fue del país desde noviembre del año pasado, se le puede considerar prófugo de la justicia”, dijo Melara, quien prometió una conferencia de prensa hoy para dar más información.
Hasta anoche se confirmó que los capturados son Kevin Mauricio Larrazábal Morales, detenido por el delito de lavado de dinero y activos; Sonia Inés Morales Rivas, por el mismo delito; Manuel Antonio García Castro, por el delito de casos especiales de lavado y Atilio Castro Guevara, por incumplimiento de deberes, además de la esposa de Reyes.
La fiscalía y la policía llegaron anoche a la casa de la esposa de Sigfrido Reyes. /Óscar Machón
Los nombres fueron revelados, en un principio, por el presidente Bukele en Casa Presidencial.
A eso de las 7:00 de la noche, la FGR junto a la Policía Nacional Civil hizo un allanamiento, avalado por el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador en la casa de la esposa de Reyes.
En 2014, una investigación periodística de La Prensa Gráfica reveló que Reyes y su asesor Byron Enrique Larrazábal Arévalo compraron cinco lotes de terreno para residencia al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) a un costo de $440,501.01, un precio más bajo que el que el Instituto ofertaba en la residencial Greenside Santa Elena, Nuevo Cuscatlán.
En diciembre, la Corte de Cuentas remitió un informe a la Fiscalía General de la República sobre este caso, y el fiscal Melara confirmó que retomaría la información para una investigación.
A Reyes, la Corte Suprema de Justicia también ordenó un juicio por enriquecimiento ilícito de más de $200 mil, cuyo expediente fue enviado el 19 de diciembre a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, para ser notificado a la misma fiscalía. Ayer, el mismo Reyes escribió en su cuenta de Twitter que la Corte le notificó que no existían indicios de enriquecimiento ilícito.
