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La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas Landaverde, anunció en esta entrevista que ya tienen el primer avance de auditoría a los gastos reservados de la Presidencia de la República, aunque considera que la reserva a este tipo de erogaciones todavía “afecta un poquito”. El lunes 9 de diciembre se leyó el borrador de informe. La funcionaria promueve una reforma a la institución que permite la auditoría concurrente, no con la pretensión de “ayudarles o avalar” el trabajo de las instituciones públicas, sino para “corregir y garantizar que los fondos y las obras se van a realizar y van a ser oportunas”.


Las direcciones de auditoría han aumentado hallazgos, ¿esto puede significar que aumentó la corrupción en el gobierno o aumentó el control que ejerce la Corte de Cuentas?


Si aumentó la corrupción es un tema que no lo podría aseverar; sin embargo, realizar un mejor trabajo de auditoría es parte de nosotros, ir a verificar los controles internos de todas las instituciones, recordemos que la parte de los hallazgos no precisamente quiere decir que son actos de corrupción. Establecemos dos tipos de hallazgos: uno por incumplimiento legal, que trae aparejada una responsabilidad administrativa, imposición de una multa por algo que la ley obliga a hacer y el funcionario no hizo, o si lo hizo lo hizo en exceso de sus atribuciones; (y) la responsabilidad patrimonial, en detrimento al patrimonio de la institución por un perjuicio económico causado, habría que determinar si ese detrimento fue intencionado o fue una falta de diligencia en el proceso que se realizó.


La Corte de Cuentas ha sido muy criticada por su pasividad ante hechos de corrupción como el uso de la partida secreta, ¿cómo ve en retrospectiva los hechos?


El decir qué criterios tuvieron las administraciones anteriores para hacer o no equis trabajo o si se realizó eficiente o deficientemente creo que no me compete; sin embargo, quiero sentar un antes y un después. Yo voy a responder a partir del 28 de agosto de 2017 a la fecha, es en ese sentido que a partir de esa gestión tengo que garantizar que el trabajo de fiscalización se esté realizando como mandan las normas de auditoría, de acuerdo al mandato legal que tenemos. Ya el artículo 86 es claro: debemos hacer lo que legalmente la ley nos establece, ni más ni menos. Estamos haciendo todo lo posible a efecto de determinar que el trabajo de fiscalización se haga eficientemente. Si ha incrementado, mucho podría ser también lo que ha generado que hoy por hoy es primera vez en la historia que gente interna de la institución está siendo procesada. Hay un compromiso de los servidores de la Corte por hacer un trabajo más efectivo para no verse involucrados en un posible acto irregular.


¿Este hecho de encontrar irregularidades en una institución contralora afecta la impunidad?


La ley dice que cuando se refiere a situaciones administrativas le corresponde a la presidenta de la Corte de Cuentas hacer la declaración de caducidad, abrir expediente y certificar lo pertinente a la Fiscalía General, cosa que yo ya la cumplí en este caso en particular. Pero hay dos casos en los que como Cámara de Segunda Instancia debemos pronunciarnos los tres funcionarios que conformamos la Cámara y son las que todavía están en suspenso que todavía no se han resuelto (...) Tenemos pendiente en el caso de la juez, es un acto, tendríamos que hacer una resolución, esa resolución involucra a los tres funcionarios que conformamos la Cámara de Segunda Instancia. En abril presenté un proyecto, los magistrados se comprometieron a analizarlo, no se ha traído para agenda.



Usted menciona que no ha tenido el apoyo de los otros dos magistrados, ¿en qué otras decisiones está afectando?


Ellos se comprometieron que la iban a analizar, sin embargo, a la fecha ya llevamos varios meses, no se han pronunciado, desconozco las razones que tienen, es un expediente que data desde 2003, hemos dado prioridad a los informes más antiguos así como hemos ido diligenciando los que han entrado en nuestra gestión.


¿Cuántos recursos necesita la Corte de Cuentas para aplicar la reforma a la ley?


Al ampliar el margen de acción, vamos a requerir más personal, también estamos ampliando la facultad de fiscalizar, de cinco años la estamos dejando a diez años, nos va a permitir de alguna manera ir haciendo las auditorías con el sistema de poder priorizar instituciones; si vemos el costo beneficio que un equipo de auditoría esté en una escuela o en una institución como una subsidiaria de CEL (Central Hidroeléctrica del Río Lempa), creo que es más imperioso que haya presencia de la Corte de Cuentas en la subsidiaria de CEL y no en la escuela de un cantón o caserío, que lo que hacen es el arrendamiento del chalet, en la distribución de los paquetes escolares.


Dentro de la reforma se pide la auditoría concurrente, ¿cómo evitar que este tipo de auditoría se vuelva una forma de legitimar procesos posiblemente amañados?


No es amañado, sino es la forma en sí la naturaleza de una auditoría concurrente a una posterior, hemos realizado algunas concurrentes y la práctica nos ha demostrado que es lo mejor porque las obras se han visto reflejadas. Le voy a poner ejemplos: el caso del paso a desnivel de Masferrer, el paso a desnivel de Navarra y el baipás de La Libertad. En Navarra no hubo ninguna complicación porque la auditoría concurrente hace recomendaciones y deben corregirse en el momento, al no acatar se vuelven hallazgos. Es más viable que estemos de forma concurrente porque se puede corregir, no arreglar un proyecto que esté amañado, como Corte de Cuentas tendríamos que notificar lo pertinente a la Fiscalía. En el paso a desnivel de La Libertad ya tenemos dos juicios de cuentas, no estamos tapando. No es que Corte de Cuentas pretende hacer auditorías concurrentes para ayudarles o avalar, es para que podamos corregir y podamos garantizar que los fondos y las obras se van a realizar y van a ser oportunas, que no va a haber ningún desvío de fondos para otro lado.




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¿Quiénes han participado en la reforma?


En muchas ocasiones hice el llamado a los compañeros magistrados para que formáramos una comisión, no tuve esa apertura, que fuera inmediata, quizás es parte de mi hiperactividad, y como ya teníamos los diagnósticos tanto del área jurisdiccional como del área administrativa, puse a mi equipo de asesores, con mi equipo de asesores yo me reunía, aquí les decía aquí vamos a hacer esto, esto y esto, y así es como lo hemos consensuado y es el que yo he presentado a la ciudadanía y el que tuvo una aceptación tanto por tanques de pensamiento, la ciudadanía en general, lo tuvimos 15 días en la plataforma del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los comentarios solo fueron positivos, Fusades (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social), tenemos una serie de recomendaciones que nos hizo, algunas las incorporamos, otras, les explicamos que ya estaban incluidas. El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) me dio una consultora que hizo un análisis, nos hizo una serie de aportaciones que las incorporamos, la hemos consensuado con varios organismos cooperantes. Yo ya la di a conocer en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, vieron que era bien bondadosa como la hemos elaborado, bien estructurada. Sin embargo, el pleno tuvo a bien pasarla a la Comisión de Presupuesto y es ahí donde se va a analizar. Cualquier ciudadano puede presentar una pieza de correspondencia, en ese sentido decidí presentarla a la Asamblea Legislativa en mi calidad de presidenta de la Corte de Cuentas y es un proyecto de ley que, no quiero que me la aprueben como yo la estoy presentando, tiene que pasar el proceso de formación de ley... Desechar un proyecto solo porque no fue de mi invención me quita ser profesional, objetiva.


¿Cuál es el corazón de esta reforma?


Modernizar la Corte de Cuentas en los dos procesos sustantivos, auditoría y juicio de cuentas, hacer un proceso de auditoría más eficiente, más transparente, evitar zonas exentas de control porque estamos ampliando todo. Algunos embajadores están encantados con el proyecto, me han pedido cómo Corte de Cuentas puede estar presente en los fondos que ellos dan como cooperación por las situaciones que ya sabemos. Yo les he dicho: ustedes en su proyecto de convenio de cooperación tienen que decir que esos fondos tienen que ser auditados por Corte de Cuentas. Nosotros queremos ir más allá, que podamos ver incluso la gestión de estos fondos en estas instituciones de economía mixta, en las instituciones privadas que reciben fondos públicos. Estamos modernizando el juicio de cuentas, estamos dotando de mayor fortaleza las unidades de auditoría interna y estamos llenando todos estos vacíos legales que hoy por hoy tenemos en nuestra actual ley.


¿Cuál es el avance de la auditoría a los gastos reservados?, ¿tienen un acceso irrestricto o todavía tienen restricciones por la reserva?


Recordemos que el trabajo de auditoría es técnico, como presidente y organismo colegiado no tenemos ninguna injerencia, lo último que se me informó es que ya hicieron la lectura del borrador de informe. Entiendo que de acuerdo a las políticas tendrían que estar en el compás de espera del tiempo que solicitaron los relacionados para presentar documentación y poderse emitir posteriormente el informe final. Ese informe, al estar finalizado, va a ser publicado en el portal de transparencia.


¿Siempre les ha afectado la reserva?


Afecta un poquito pero haciendo la trazabilidad de información, el equipo de auditoría ha podido hacer un avance de auditoría y prueba es que el lunes 9 fue la lectura de borrador de informe.


¿Se han iniciado nuevas auditorías a organizaciones no gubernamentales (ONG)?


Se han realizado unas, de hecho si usted verifica en el portal de transparencia, aparecen como tres ONG con los respectivos informes.


¿Se van a seguir auditando?


Siempre y cuando dentro del presupuesto haya asignaciones para algunas ONG las vamos a ir auditar. Vi que estaban mencionando la del padre Arrupe que van incluidas para el 2020, nosotros, dentro de nuestro plan de auditoría tendríamos que incluirlas.


¿Las incluyen todas o sacan una muestra?


Dependiendo de cuántas sean. Si no son muchas, podemos incluirlas todas. Sin embargo, la auditoría se hace a base de muestra y, si sería viable que no se verificaran todas, sino que se tomara una muestra.


Un estudio de Acción Ciudadana determina que 23 empresas donaron al partido de gobierno y recibieron contratos del Estado, no señalan relación causal. ¿Este tipo de situación sería objeto de la Corte de Cuentas?


Sería objeto de fiscalización, siempre y cuando hubiera una denuncia o hayan caído en la muestra. La semana pasada estuve en un evento de integridad y se analizaba el caso de Odebrecht de Brasil y en Perú, y otros países de Centroamérica, analizábamos que el soborno entre particulares no está legislado como delito y, mientras eso no exista, no va a prosperar, por mucho acto de corrupción. Yo les decía, aquí en El Salvador el soborno entre particulares no está regulado, ponían el caso de que Odebrecht le donaba a un partido y el partido es particular... Nosotros como Corte de Cuentas solo verificamos los fondos públicos. Guatemala, ellos las declaraciones de probidad las realizan en la contraloría.