CCR pide reforma para usar “fuerza pública”

La presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde, pidió ayer una serie de reformas a la Ley de la Corte de Cuentas para dar más fuerza a la contraloría del uso de los fondos públicos.

Una de las enmiendas que propuso la presidenta del ente contralor es para que la Corte tenga facultades de usar la Policía Nacional Civil (PNC) para secuestrar documentos en aquellas instituciones públicas que se nieguen a colaborar con los auditores.

“Se establece que en caso que se niegue el acceso, situación que es recurrente actualmente, los auditores podrán echar mano de los recursos legales que lo posibiliten, incluyendo el uso de la fuerza pública”, dice el documento que presentó ayer ante diputados, organismos internacionales e instituciones que trabajan por la transparencia.

En declaraciones pasadas, la presidenta de la Corte de Cuentas ha denunciado que en Casa Presidencial no dejaron auditar los gastos reservados del expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. Lo mismo pasó con una auditoría a Alba Petróleos, la empresa en donde hay fondos de alcaldías del FMLN y del gobierno de Venezuela.

“Pretendemos tener así como dice la ley el acceso irrestricto, poder acceder, entrar a las instituciones y que nos den la información que se necesita para que, como Corte de Cuentas, podamos realizar un mejor trabajo”, justificó la presidenta de la CCR la propuesta.

 

Auditar a terceros

Otro de los cambios que pidió la presidenta de la Corte de Cuentas es permitir auditar a “terceros” que manejen fondos públicos de manera indirecta. Es decir, fiscalizar a instituciones que no son gubernamentales, pero que manejan fondos de forma indirecta. Por ejemplo, podrán auditarse los subsidios que entrega el gobierno, los fideicomisos, los comodatos que entregan las municipalidades, las fianzas que compran los funcionarios, los administradores de contratos, las garantías de ofertas, las garantías de productos.

“Serán sujetos de control todas las entidades y servidores públicos, así como terceros que por cualquier vía reciban y administren recursos públicos, incluyendo fideicomisos, subsidios, comodatos, etc.”, dice la propuesta.

“Lo relevante es que hemos incluido a los terceros que hoy por hoy están exentos de responsabilidad aun cuando en un momento determinado administraran fondos públicos”, declaró la presidenta de la CCR.

Norman Quijano, diputado de Arena y presidente de la Asamblea Legislativa, apoyó las reformas que presentó la presidenta del ente contralor del Estado.

 

Endurecer ley de CCR

 

Acceso irrestricto

En el caso de los gastos reservados, la reforma a la Corte de Cuentas propone examinar los documentos con ese mismo carácter, pero que se elabore una versión pública del uso de los fondos públicos.

 

Hallazgos a la fiscalía general

Las auditorías que contengan hallazgos se enviarán directamente a la Fiscalía para que ésta pida el juicio de cuentas a la Contraloría.

 

Controles previos

Se amplía la competencia de la función de auditoría al incluir los controles previos y concurrentes cuando las circunstancias lo requieran, con el fin de armonizar la ley con la Constitución.

 

Responsabilidad patrimonial

Serán sujetos a la responsabilidad patrimonial todos los servidores públicos en general, independientemente sean cargos de elección popular, segundo grado, así como los terceros.